A más de un mes de iniciado el nuevo gobierno, aún no hay respuesta a una pregunta clave: ¿Cuáles son las medidas concretas para enfrentar la migración irregular?
Hasta ahora, hemos visto acciones más bien simbólicas: una zanja sin resguardo que fue tapada con una retroexcavadora que fue robada por los propios migrantes; el anuncio de un vuelo de expulsión de 40 personas -cuando solo en enero y febrero ya se habían expulsado 273- y la urgencia puesta a un proyecto que busca tipificar como delito el ingreso por pasos no habilitados, presentado como solución definitiva.
Como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, me corresponde liderar esta tramitación. Hemos escuchado a expertos, instituciones y organizaciones sociales, y con esa información es necesario ser claros: este proyecto no soluciona el problema.
La migración irregular es un desafío real y exige respuestas eficaces. Durante años, como diputada, trabajé para mejorar la legislación, fortalecer fronteras, agilizar expulsiones y ese esfuerzo dio resultados: los ingresos irregulares disminuyeron 54% entre 2021 y 2025.
En Chile el mayor peak de ingresos clandestinos ocurrió precisamente cuando el ingreso irregular era considerado un delito. Insistir en esa fórmula solo recargará un sistema judicial ya colapsado, desviará recursos escasos y no abordará el fondo del problema. Así lo ha advertido incluso la Corte Suprema.
Los chilenos y chilenas merecen políticas públicas serias, no medidas que solo funcionan como titulares y para la foto.