Prudencia legislativa
En tiempos donde la política parece haber confundido la velocidad con la inteligencia, conviene volver -sin complejos- a una palabra que no llena titulares, pero ordena: prudencia. Y no como una invitación a la inacción, por cierto, sino como una exigencia de un estándar mayor de desempeño. Porque legislar, cuando se toma en serio, no consiste en reaccionar al último noticiero ni en competir por quién ofrece la respuesta más dura, sino en hacerse cargo del impacto real de lo que se propone.
Es que el legislador no trabaja en el vacío. Lo hace dentro de un sistema que tiene límites, capacidades, tensiones. Por eso, tres criterios debieran operar como un mínimo ético e intelectual: razonabilidad, posibilidad y utilidad. La razonabilidad obliga a que la norma sea coherente y proporcionada; la posibilidad exige que aquello que se diseña pueda efectivamente implementarse; y la utilidad -quizás la más olvidada- obliga a preguntarse si la solución propuesta sirve para algo más que producir la ilusión de control.
Cuando estos criterios se abandonan, el resultado es conocido: normas que prometen más de lo que pueden dar, instituciones sobrecargadas, expectativas que inevitablemente se frustran. Y en ese escenario, el derecho deja de orientar y comienza a desorientar.
Es ahí donde encuentra terreno fértil el populismo penal. Ese que, frente a fenómenos complejos como la violencia o la inseguridad, ofrece respuestas de trazo grueso, simples, inmediatas, pero equivocadas. El ejemplo más reciente no es difícil de encontrar: el proyecto ingresado que pretende establecer nuevas agravantes para delitos cometidos en recintos educacionales o contra la comunidad escolar. La señal es clara, el mensaje es potente, la reacción es comprensible. Pero la pregunta que no se formula es otra: ¿Qué agrega realmente esta agravante al sistema? ¿Modifica conductas? ¿Mejora la prevención? ¿Fortalece la persecución penal?
Porque si la respuesta es negativa o dudosa, entonces estamos frente a un gesto, no a una solución.
Algo similar ocurre con iniciativas que buscan tipificar nuevos delitos, como el ingreso clandestino al país, impulsadas con urgencia legislativa. Nuevamente, el diagnóstico puede ser atendible; el problema, real. Pero el salto entre identificar un problema y diseñar una buena respuesta normativa no se recorre con declaraciones de intención ni con endurecimientos simbólicos. Se recorre con técnica, con evidencia, con prudencia.
Sabemos que todo esto ocurre en un contexto donde la presión por "hacer algo" se intensifica, más cuando las cifras de violencia y criminalidad han aumentado en el país en las últimas semanas, generando un clima de inquietud que empuja a la acción especialmente al sector que llegó al poder justo con la promesa de disminuirlas. Pero precisamente por eso, y no a pesar de ello, es que la prudencia se vuelve más necesaria. Porque es en los momentos de mayor presión donde el riesgo de legislar mal es más alto.
El problema del populismo penal no es solo que simplifica. Es que, al hacerlo, erosiona la seriedad del derecho y las instituciones. Multiplica agravantes, crea delitos, endurece penas, pero rara vez se detiene a evaluar si el sistema puede absorber esas decisiones sin perder coherencia. Y así, poco a poco, se construye un derecho penal fragmentado, reactivo, más cercano a la simple consigna que a la solución.
Conviene decirlo claramente: no toda respuesta normativa es una buena respuesta. Y no todo endurecimiento es sinónimo de eficacia. A veces, no pocas, es exactamente lo contrario.
Por eso, la prudencia no es una debilidad. Es una forma de rigor. Es la capacidad de resistir la tentación del aplauso fácil para optar por la solución correcta, aunque sea menos vistosa. Es, en definitiva, la decisión de tomarse en serio el oficio de legislar.
Porque cuando el derecho se convierte en un instrumento de reacción inmediata, deja de ser derecho en sentido estricto. Y pasa a ser otra cosa: un repertorio de gestos que, aunque tranquilicen momentáneamente, terminan por agravar aquello que dicen querer resolver.