En las últimas semanas hemos presenciado una ofensiva mediática de parte de organizaciones empresariales, como la CPC y la Asimet, que con tono alarmista y con recursos propios de las fake news ha intentado caricaturizar el debate sobre la negociación ramal. No solo se oponen, sino que buscan instalar el temor en la opinión pública, como si esta herramienta fuera sinónimo de atraso, rigidez o incluso amenaza a la estabilidad económica del país. Es necesario responder con claridad: la negociación ramal no es un invento de laboratorio sindical, ni un capricho ideológico. Es una institución fundamental de las relaciones laborales modernas, reconocida y consolidada en los países que exhiben mayor desarrollo, cohesión social y productividad.
La evidencia internacional es contundente. En Europa, en buena parte de América Latina y en los países que se definen como economías avanzadas, la negociación colectiva a nivel sectorial o de rama ha permitido establecer pisos de dignidad en materia salarial, de jornada laboral, de condiciones de seguridad y de igualdad de género. Gracias a estos marcos de negociación, los trabajadores y trabajadoras cuentan con estándares comunes en cada sector productivo, evitando la precarización y reduciendo la competencia desleal entre empresas. ¿Por qué en Chile, entonces, persiste esta resistencia? La respuesta es simple: porque la institucionalidad laboral heredada de la dictadura fue diseñada para debilitar la fuerza sindical, fragmentar la negociación y dejar al trabajador aislado frente al poder del empleador.
Ese modelo aún persiste. Mientras los grandes gremios empresariales tienen la capacidad de coordinarse, de definir estrategias conjuntas y de presionar a los gobiernos, los trabajadores deben negociar atomizados, empresa por empresa, con escaso margen de incidencia real en la definición de sus condiciones de vida. La desigualdad que vivimos hoy es también resultado de esa asimetría: salarios bajos, extensas jornadas laborales, ausencia de políticas de cuidado y una institucionalidad que ha privilegiado la ganancia por sobre la justicia social. La reacción empresarial frente a la negociación ramal no es, entonces, por ignorancia, sino por defensa de un modelo que les resulta funcional.
Desde la CUT, y particularmente desde la ramal de la industria, hemos planteado que la negociación sectorial es una condición necesaria para dar un salto hacia un país más justo y moderno. No hablamos de privilegios, hablamos de derechos básicos: un salario vital, igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, condiciones de seguridad en el trabajo, espacios de capacitación y formación continua, y un marco que permita a los trabajadores desarrollarse sin precariedad. Estas no son banderas sindicales antojadizas; son parte de los estándares laborales que organismos internacionales y las democracias más avanzadas ya reconocen y promueven.
Es importante también destacar el rol de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien desde su gestión como ministra del Trabajo impulsó decididamente este debate, recogiendo la experiencia comparada, la voz del sindicalismo y la urgencia de millones de trabajadores que necesitan reglas del juego más equilibradas. Su liderazgo permitió instalar en la agenda pública una discusión que había sido postergada por décadas, y hoy representa una oportunidad histórica de avanzar hacia una institucionalidad laboral que esté a la altura de las necesidades del país.
En este contexto, hacemos un llamado a los candidatos presidenciales de derecha a no sumarse al coro de mentiras y alarmismo que han levantado las cúpulas empresariales. Chile necesita propuestas serias, no caricaturas que buscan frenar cualquier avance en derechos laborales. Bloquear la negociación ramal es seguir condenando a millones de trabajadores a la precariedad, y eso no se puede permitir. El país requiere de líderes responsables que miren hacia adelante y que entiendan que mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora es la base de cualquier proyecto de desarrollo sostenible.
A la CPC y a Asimet les decimos con toda claridad: la negociación ramal no destruye la economía, la fortalece. No genera incertidumbre, la reduce. No es un obstáculo al crecimiento, es el camino para que ese crecimiento llegue a todos y no solo a una minoría. Chile no puede seguir siendo la excepción, con una institucionalidad laboral que profundiza la desigualdad y deja a millones de trabajadores expuestos a la precariedad.
El desafío que tenemos por delante es decidir si continuaremos anclados a los miedos de quienes se benefician de este modelo o si seremos capaces de construir una nueva etapa de desarrollo económico con justicia social, donde la negociación ramal sea reconocida como lo que realmente es: una herramienta de equilibrio, de democratización de las relaciones laborales y de construcción de un futuro más digno para la clase trabajadora.
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