Estado presente: modernizar los protocolos de prevención de violencia en el trabajo
Son tiempos turbulentos, de exabruptos que menoscaban la figura del Estado (porque, vociferan, anula o limita la libertad individual y la propiedad privada) y colocan toda la fe en el libre mercado como mecanismo más eficiente para crear y distribuir riqueza. Es el viejo debate, pero actualizado con recetas de terapias de shock mediante el uso de "motosierras" o "grandes tijeras de podar" para jibarizar el Estado, que se está tomando la agenda en distintos puntos del planeta.
Sin embargo, estos discursos ignoran las grietas del libre mercado, como lo son la desigualdad económica, la exclusión social, la discriminación en distintos aspectos de la vida humana y la degradación medioambiental, las que requieren la intervención del Estado para repararlas. Y la historia así lo demuestra. Ninguna sociedad ha alcanzado desarrollo, estabilidad y mejoras en las condiciones de vida sin la acción del Estado, sin democracias y políticas públicas robustas que sostengan ese avance, tal como lo puede demostrar el cruce de estadísticas de los países desde el punto de vista de los niveles de libertad económica (Índice de Libertad Económica), niveles de desigualdad (Índice GINI) y niveles de Democracia (Índice de Democracia) que tienen al interior de sus fronteras. Los países con mayores índices de igualdad del mundo combinan libertad económica con un Estado modernizado, activo, eficiente y comprometido con el bienestar de su población.
Y es, precisamente, la modernización del Estado el camino por el que está apostando nuestro país. ¿El fin? Hacer del Estado chileno más eficaz y eficiente, haciéndose cargo de los desafíos del siglo XXI. Esto no solo implica desarrollo tecnológico, digitalización e innovación organizacional, también, y sobre todo, la formación de las personas, con una visión estratégica de largo plazo, porque a fin de cuentas, quienes hacen Estado son las y los trabajadores que, con vocación de servicio, dan respuesta a las necesidades de una sociedad en constante cambio. La capacitación y fortalecimiento del rol de las y los funcionarios públicos son pilares esenciales de cualquier estrategia seria de modernización estatal.
En ese contexto, se comprende el esfuerzo de la Dirección Nacional del Servicio Civil en conjunto con organizaciones gubernamentales y sindicales y con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT Cono Sur) y la asistencia técnica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (FEN-UAH) de lanzar "Manual de Orientaciones para la Prevención de la Violencia, Acoso Laboral y Sexual (VALS) en el Sector Público". Una guía actualizada con los requerimientos de la última normativa vigente en el país sobre esta materia: Convenio 190 de la OIT y su Recomendación 206 sobre erradicación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo (que Chile ratificó en junio, 2023); Ley 21.643 (enero, 2024), sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, también conocida como "Ley Karin" y la Ley 21.675 (junio, 2024) que "estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género". Las orientaciones entregadas en este documento aplican a todas las personas que desempeñan un cargo, empleo o función en o para los organismos o servicios de la administración del Estado.
La guía se hace cargo del flagelo del maltrato y violencia en el mundo del trabajo, un fenómeno generalizado" como quedó evidenciado en la primera encuesta internacional sobre esta materia de la OIT y Lloyd's Register Foundation-Gallup (publicada en diciembre 2022) donde se afirma: "Más de una de cada cinco personas en empleo (743 millones, o sea, el 22,8%) ha sufrido al menos una modalidad de violencia y acoso en el trabajo durante su vida laboral" (víctimas de violencia física, psicológica o sexual)". Y en nuestro país, desde la aplicación de la Ley Karin (agosto, 2024) a diciembre 2024, se han presentado 9.151 denuncias, de las cuales el 67,8% han sido interpuestas por mujeres y el 30,5% por hombres. El 50% de las denuncias afectan a grandes empresas; el 19% a pequeñas, el 18% a medianas y el 10% a microempresas. Sobre las causas, el 86, 7% por acoso laboral; 6,6%, acoso sexual y el 6,7% por acciones violentas.
Chile está dando pasos importantes para avanzar en materia de garantías de derechos sin discriminación de ninguna naturaleza. Y en esto, el Estado propiamente tal, no puede quedarse atrás. Las orientaciones que dicta este manual son una contribución concreta para prevenir y erradicar conductas discriminatorias, violentas o abusivas en la administración pública. Refuerza el principio de igual dignidad para todas las personas y promueve una convivencia laboral basada en el respeto y la inclusión. Honra, por cierto, la memoria de Karin Salgado, la TENS que se suicidó tras sufrir acoso laboral durante más de 1 año por parte de su jefatura, en el hospital púbico Herminda Martin de Chillán, cuyo caso impulsó la Ley N°21.643.
Un Estado moderno, con funcionarios conscientes y capacitados, que no sólo reconocen los desafíos, sino que también responden con acciones concretas, pertinentes y eficientes, es clave para construir el país que aspiramos: uno más justo, más equitativo y con un fuerte compromiso con lo público.
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