Una justicia más humana para Chile

Daniel Montalva Armanet

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La promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas representa un avance significativo en la modernización del sistema judicial chileno, y, al mismo tiempo, supone un hito en la forma en su relación con los ciudadanos. Este nuevo servicio unifica y fortalece las actuales estructuras de asistencia jurídica y atención, integrándolas en una sola institución pública, descentralizada y con presencia en todo el país.

Su objetivo es garantizar que todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico o lugar de residencia, puedan acceder a una orientación y defensa jurídica gratuita y de calidad. A la vez, busca ofrecer apoyo psicosocial a víctimas de delitos, especialmente a aquellos de carácter violento, promoviendo un acompañamiento integral que considere tanto los aspectos legales como emocionales.

Hasta ahora, los servicios de atención se encontraban distribuidos en distintas instituciones, lo que dificultaba el acceso y generaba desigualdades territoriales. Con esta evolución normativa, se consolida una red nacional de atención con 16 direcciones regionales y centros comuna-les en las zonas donde existan tribunales, acercando la justicia a las comunidades y fortaleciendo la presencia estatal en los territorios.

Entre los diversos beneficios se encuentra la posibilidad que el nuevo servicio celebre convenios con las clínicas jurídicas de las facultades de derecho de universidades que cuenten con acreditación de nivel avanzado, con el objetivo de que los postulantes al título de abogado realicen su práctica profesional.

Junto con el beneficio de los convenios con universidades, encontramos otros en este cuerpo legal, como es el caso de la creación de un modelo de atención integral, que combina asesoría jurídica con apoyo psicológico y social. Así como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación familiar obligatoria, que contribuyen a reducir la judicialización innecesaria y a fomentar soluciones colaborativas.

Con esta reforma, que tendrá una implementación gradual, el Estado da un paso importante hacia una justicia más accesible, eficiente e inclusiva. Se trata de una política pública que no solo moderniza las instituciones, sino que también refuerza la idea de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Su puesta en marcha, si bien podría haber avanzado más decididamente en reducir las cargas de los futuros abogados, constituye una oportunidad para construir un sistema más humano, confiable y cercano, al servicio de la ciudadanía y de una sociedad más equitativa.

Una justicia verdaderamente accesible es también la que demuestra una capacidad real para acompañar, reparar y proteger a las personas.