La toma de San Antonio fue inducida por los dueños del terreno

Patricio Herman Pacheco

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A pesar de que con anterioridad ya nos hemos referido en Cooperativa a este burlesco episodio, a la luz de la reciente decisión tomada por el actual gobierno, nos permitimos volver a la carga. Pues bien, en nuestro país, según lo que se aprecia en la prensa, existen del orden de 1.500 tomas de terrenos -privados y fiscales-, ya sea urbanos como rurales, en los cuales por ausencia de control y fiscalización -de municipios y secretarias regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y Urbanismo- las familias más postergadas han podido construir sus precarias viviendas.

Según nuestra opinión, los más numerosos "loteos brujos" son tres de Alto Hospicio, Región de Tarapacá; Cerrillos y Lampa, en la Región Metropolitana; y el polémico de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Hay una sentencia de la Corte Suprema que ordena el desalojo de las 4.000 familias que residen ilegalmente en el terreno de 214 hectáreas situado en la comuna de San Antonio que le pertenece a privados, pero ahora la administración de Boric, conforme a su programa de gobierno, adoptó la decisión de expropiar -figura contemplada en la Constitución- 100 hectáreas de dicho terreno, rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) N° 9037-1, localizado en el cerro Centinela de la citada comuna. Un inmenso predio que cuenta con un reducido avalúo fiscal, de un poco más de $700 millones, y con una regulación determinada en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC).

Esta propiedad le pertenece desde el año 1997 a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., cuyos dueños son distintas sociedades de inversiones controladas por Esteban Solari, Ricardo Posada, Claudia Urbina, Gioconda Bertoglia y Luis Medel. Para el propósito de solucionar el problema, el Minvu -a través del Serviu de Valparaíso- ya ha iniciado el proceso de expropiación, utilizando para ello $11 mil millones asignados originalmente para solucionar otras tomas en el sur, que no se gastaron en las mismas, pues habrían cambiado las reglas del juego. Por este motivo se posibilitó este "arreglo", que significará no destinar nuevos fondos públicos, ya que el ministro Carlos Montes aduce que siempre su ministerio dispone de haberes para abordar este tipo de imprevistos. Vale decir, estamos ante una simple reasignación de platas.

Pues bien, A fines del año 2019, según denuncian los pobladores, uno de los socios de la empresa -acompañado de algunos arquitectos, uno de ellos de apellido Alfonsi- los invitó para que en dicho terreno construyeran sus viviendas, naturalmente sin tramitarse en la respectiva Dirección de Obras Municipales (DOM) los necesarios permisos, lo que fue irresponsablemente tolerado por las autoridades de aquella época: el alcalde Omar Vera, el DOM Armado Sabaj y la seremi Minvu Evelyn Mansilla.

El PRC de San Antonio, para este terreno, admite usos de suelo residencial, equipamiento científico, comercial, culto y cultura, deportivo, educacional, esparcimiento, salud, seguridad, social, servicio, taller artesanal inofensivo, área verde y espacio público. Una porción menor del predio permite usos relacionados con servicios de infraestructura sanitaria, eléctrica y telecomunicaciones. Otra parte del predio tiene un gravamen de afectación a utilidad pública mediante área verde, y hay 4 quebradas naturales protegidas. La mayor parte del predio se encuentra en la Zona ZR4, que cuenta con una densidad habitacional de 125 unidades habitacionales por hectárea y con altura máxima determinada por la rasante.

Muchos actores han criticado este salvataje, utilizándose la justificada expresión "saltarse la fila", aludiendo a los pobladores y que este columnista comparte; otros tantos políticos de derecha han criticado al Gobierno, porque con esta oportunista "movida" se le estaría endosando el problema al futuro gobierno de Kast, pero el hecho concreto es que esta modalidad, tan reprochada, ya está operando en plenitud.

Por lo tanto, ahora nadie se debe alarmar, partiendo por la asociación gremial empresarial denominada Cámara Chilena de la Construcción CChC), pues cuando a fines de 2019 -fecha de los primeros ingresos al predio, con maquinaria pesada para dividir los lotes ejecutando las calles- ninguno de los actuales quejumbrosos interpuso las acciones judiciales en contra de los invasores. Queda en evidencia entonces que, hace 6 años, los dueños del terreno, como las autoridades comunales y regionales, estaban sumamente conformes con la planificada e ilícita ocupación.

Aprovechamos la ocasión para decirle al Gobierno y al Congreso Nacional que es impropia y sesgada la decisión de entregar subsidios para las cuotas de los créditos hipotecarios de los compradores de viviendas nuevas, muchos millones de dólares de los contribuyentes, y reducir así la sobreoferta de ese tipo de viviendas en el mercado. Si la clase política hubiera pensado en favorecer a todos los necesitados que, según cifras oficiales son más de 600.000, lo que habría sido lo lógico es que este subsidio se debió haber aplicado también a los compradores de viviendas usadas. Como vemos, una vez más, se socorrió a la prebendaria industria de la construcción.