Observatorio de Huelgas Laborales 2021: diálogo social como herramienta para resolver la conflictividad

Mauricio Araneda

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El último informe del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) entregó una completa radiografía de la actividad huelguística durante el año pasado. Y si bien se mantuvo casi inalterable el número total de huelgas (legales y extralegales) en el país respecto de 2020 (248 en 2021 versus 246 en 2020), hay otros indicadores que tuvieron importantes variaciones. La tasa de sindicalización subió a la cifra récord de 22% de la fuerza laboral, aunque esto no se ha traducido en mayor cobertura en las negociaciones colectivas. Mientras que también se registró otro récord, esta vez desde el retorno a la democracia, en cuanto al período de duración de las huelgas legales (13,8 días en promedio).

Así aumentó también el número de participación en las movilizaciones (10.037 trabajadores(as), de los cuales el 80% lo hizo a través de huelgas extralegales, mientras que el 20% restante a través de huelgas legales). La demanda salarial sigue siendo la causa mayoritaria que gatilla la huelga, sin embargo, están posicionándose otras más bien vinculadas con las condiciones laborales como organización del trabajo, jornada, seguridad, salud e infraestructura.

No obstante que el número total de huelgas prácticamente no varió, lo cierto es que sigue siendo una cifra significativa de conflictividad laboral, teniendo en cuenta que las paralizaciones se hicieron efectivas sorteando incluso las restricciones de la pandemia y la compleja situación económica que arrastra el país. Y tal como lo señalaron los investigadores del OHL, habrá que ver si una vez que se reactive la economía se mantiene o eleva este nivel de conflictividad, pensando además en que están surgiendo otro tipo de demandas distintas a las de mejoras de las remuneraciones. El aumento de los días de duración de la huelga legal también es -sin duda- preocupante, pues como lo advirtió el estudio, puede ser una señal de que nuestra legislación laboral no está canalizando adecuadamente el conflicto laboral. Otra de las conclusiones relevantes del OHL es que ni el aumento de la sindicalización ni la actividad huelguística de los últimos años han logrado generar reformas que consoliden los derechos laborales o asegurar una mayor cobertura de la negociación colectiva.

Y más allá de detenernos en el análisis específico de cada uno de estos indicadores, el estudio estableció que, en términos generales, las tendencias "...se asemejan a lo vivido en el primer año de la pandemia de Covid-19". Es interesante destacar que ya en el penúltimo informe del OHL se demostró que el teletrabajo y las restricciones sanitarias impactaron en la disminución de la actividad huelguística en aquellos sectores de la economía donde se implementó la modalidad de trabajo a distancia.

El OHL desde el 2016 que viene realizando estos estudios. Es uno de los más completos del país en esta materia. Analiza más de 80 variables sobre la base del registro de huelgas legales como de las extralegales. Por su amplitud y profundidad son una fuente de información y análisis muy valiosa no solo para los empleadores y trabajadores, sino también para el gobierno de turno en términos de impulsar políticas públicas que promuevan, por ejemplo, estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos colectivos y el diálogo social como herramientas fundamentales para resolver los conflictos laborales en el país.

El trabajo como fuente de dignidad -que permite el desarrollo de las propias capacidades del ser humano- es la piedra angular de las sociedades. En los espacios laborales se tejen las relaciones de poder, en este caso asimétricas, entre empleador(a) y trabajador(a) y es donde también se da la discusión por la distribución de la riqueza. La huelga es reconocida, internacionalmente, como el instrumento de las y los trabajadores para mejorar su calidad de vida. Es la última instancia a la que se apela al no prosperar la negociación.

Y precisamente, el proceso de negociación colectiva es uno de los espacios donde debemos promover el diálogo social bipartito para resolver satisfactoriamente las diferencias entre los actores. Pero también el Estado debe involucrarse con propuestas que propicien una institucionalidad que dé soporte a una legislación laboral, acorde con los parámetros internacionales pues, mejorar la calidad de vida de la fuerza laboral redunda en un desarrollo económico sustentable y sostenible.

El diálogo social tripartito, concebido como factor de cohesión y paz social, favorece la construcción de un proyecto común, de una sociedad más justa basada en el aporte que se hace desde el mundo del trabajo al fortalecimiento de la democracia.