Orden fiscal: una condición para volver a crecer
La estabilidad económica no se construye sobre consignas, sino sobre responsabilidad. Chile logró durante décadas consolidar un prestigio internacional basado en la disciplina fiscal, una característica que permitió atraer inversión, crecimiento y enfrentar las crisis con mayor solidez. No es casualidad que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) haya destacado el sólido historial de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del país como uno de los pilares de su desarrollo.
Sin embargo, las finanzas públicas comenzaron a mostrar señales de deterioro. Según la Dirección de Presupuestos, el gasto del Gobierno Central alcanzó en 2025 el equivalente al 24,3% del PIB, mientras que el déficit estructural preliminar cerró en 3,55% del producto, una cifra considerablemente superior a las metas originalmente comprometidas. Al mismo tiempo, la deuda bruta del Gobierno Central se ubicó en 41,7% del PIB, manteniéndose por debajo del umbral prudencial de 45% establecido por la institucionalidad fiscal, pero evidenciando la necesidad de recuperar mayores márgenes de sostenibilidad.
Frente a este escenario, el ajuste fiscal impulsado por el gobierno no debe interpretarse como una decisión ideológica, sino como una medida necesaria para corregir desequilibrios y fortalecer las bases del crecimiento futuro. La disciplina fiscal no es un fin en sí mismo; es la condición que permite financiar políticas públicas sostenibles y entregar certezas a las familias, los trabajadores y quienes invierten y generan empleo.
También es necesario analizar las decisiones adoptadas por las autoridades económicas de la administración anterior. Las sucesivas correcciones a la baja en las proyecciones de ingresos fiscales y el desvío respecto de la meta de balance estructural forman parte de un debate legítimo sobre la conducción económica de esos años. En una democracia madura, la responsabilidad política no termina cuando concluye un gobierno.
La experiencia internacional demuestra que los países que conviven con déficits persistentes terminan enfrentando mayores niveles de incertidumbre, menor crecimiento y reducen el espacio disponible para financiar prioridades como salud, seguridad, educación e infraestructura. La propia OCDE ha advertido que niveles elevados de deuda obligan a los Estados a destinar crecientes recursos al cumplimiento de sus obligaciones y menos a las necesidades de las personas.
Desde regiones -como Los Ríos- sabemos que el desarrollo requiere estabilidad. Emprendedores, agricultores, comerciantes y trabajadores necesitan reglas claras y un Estado financieramente responsable. Nadie celebra los ajustes fiscales, porque implican decisiones difíciles. Postergar las correcciones solo aumenta los costos que deberán asumir las futuras generaciones.
Volver a crecer, recuperar la inversión y generar empleo exige responsabilidad y visión de largo plazo. Porque el orden fiscal no es una obsesión tecnocrática ni una bandera ideológica. Es, simplemente, una condición indispensable para que el país pueda cumplir sus compromisos y asegurar que los recursos públicos lleguen de manera sostenible a quienes más los necesitan.
Al final, un país puede endeudarse para enfrentar una emergencia, pero ningún país se desarrolla gastando permanentemente más de lo que es capaz de generar.