Paradoja de la competencia: universidades chilenas no conectan con la industria
Hay una paradoja persistente en el sistema universitario chileno. Durante décadas hemos diseñado instituciones para competir: por fondos públicos, por acreditación, por posiciones en rankings y por matrícula. Sin embargo, cuando se observa su capacidad para colaborar con la industria -un indicador clave de innovación efectiva-, el desempeño es significativamente menor. El Índice Global de Innovación sitúa a Chile en el puesto 51 a nivel general, pero lo desplaza al lugar 80 en colaboración universidad-empresa. La brecha no es menor: son 29 posiciones que revelan un problema estructural, no una anomalía.
Diversos estudios sobre el sistema científico chileno coinciden en un diagnóstico: la colaboración interinstitucional y con la industria sigue siendo baja, no por falta de capacidades, sino por el diseño de los incentivos. A esto se suma que el grueso de la evaluación académica sigue descansando en mediciones bibliométricas -publicaciones indexadas y citaciones-, con escaso reconocimiento a actividades de transferencia, vinculación o desarrollo tecnológico. En ese contexto, colaborar no es una estrategia racional para el investigador promedio: es, en términos estrictos, un costo de oportunidad.
Pero el problema no es solo institucional; es conceptual. Hemos asumido -casi sin discusión- que la competencia es el motor natural del progreso. Y, sin embargo, la evidencia acumulada en biología, ecología y teoría de sistemas complejos sugiere algo distinto: que los sistemas donde predomina la competencia tienden a reducir su diversidad, debilitar sus redes y volverse más vulnerables.
Un sistema estructurado en torno a la competencia intensiva por recursos escasos tiende a homogeneizar comportamientos: las instituciones convergen hacia los mismos indicadores, los mismos incentivos, las mismas estrategias. La diversidad -que es condición de innovación- se reduce. Y, con ella, la capacidad de respuesta ante problemas complejos.
El contraste internacional es ilustrativo. Países como Finlandia o Corea del Sur destinan más del 3% de su PIB a I+D, pero, sobre todo, han estructurado ese gasto en torno a consorcios público-privados, con financiamiento de largo plazo y evaluación por impacto. En esos sistemas, la colaboración no es un gesto voluntarista: es un requisito estructural.
Chile, en cambio, invierte alrededor del 0,36% de su PIB en I+D. Pero incluso dentro de esa restricción, el problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo. Fragmentamos recursos en múltiples proyectos individuales de corta duración, con escasos incentivos a la articulación. El resultado es predecible: buena ciencia en nichos específicos, pero baja capacidad de escalar conocimiento hacia soluciones complejas.
No se trata de eliminar la competencia. En niveles acotados, cumple una función útil: introduce presión, disciplina y diferenciación. El problema es haberla convertido en el principio organizador casi exclusivo del sistema. Hoy, la pregunta de fondo -que inevitablemente interpela al diseño de política pública- es si estamos dispuestos a rediseñar los incentivos, asumiendo que la innovación no es un resultado espontáneo de la competencia, sino una construcción deliberada de cooperación.