Perdamos la compostura y hablemos de Privatización

Si aceptamos que la intervención del Estado en la economía mediante su emprendimiento empresarial es el resultado de una función del factor de subsidiariedad, entonces conviene preguntarse: ¿qué sucede si la función antedicha se debilita? O bien, derechamente, ¿qué sucede si desaparece una vez que el Estado ya ha emprendido?

Dos consideraciones son relevantes en este análisis: la primera apunta hacia las causas de este debilitamiento o desaparición de la función de subsidiariedad. La segunda se refiere a las estrategias para enfrentar el fenómeno.

Respecto de la primera, es evidente que en muchos de aquellos casos en los que la función de subsidiariedad era débil en su inicio, bastó la intervención estatal para que el privado activara su capacidad de emprendimiento.

Regularmente, la apertura de mercados y la estabilización regulatoria y financiera provocada por la intervención estatal, genera condiciones de rentabilidad que inducen positivamente al privado a continuar en el desarrollo de un mercado abierto por ese emprendimiento estatal. Existen numerosos ejemplos en la minería no metálica o la refinación de combustibles.

Otras causas de debilitamiento se refieren a desarrollos tecnológicos o cambios regulatorios (también monopolio del Estado), que vuelven rentable un negocio que inicialmente no lo era. Los emprendimientos en las áreas de las telecomunicaciones son un buen ejemplo. También el acceso al capital de trabajo y la disponibilidad de recursos son causas de cambio de paradigma.

Por ejemplo, es probable que ningún privado haya sido capaz de construir una carretera hace 50 años, pero con el desarrollo de los mercados financieros y las facilidades regulatorias introducidas, los privados vieron en estos emprendimientos de infraestructura una oportunidad de lucro y entraron en esta área.

Por tanto, si se aplica razonablemente la regla subsidiaria, y el Estado percibe que su intervención en la economía no está sustentada en este principio, no hay dudas: el aparato público debe detener su acción, ya sea para inhibirse de continuar emprendiendo o para desprenderse de esa actividad.

Así, si fue legítimo que emprendiera en el refinamiento de combustibles en el pasado, donde en la actualidad hay evidencia suficiente de la capacidad de los privados de entrar en este negocio, o incluso más, importar los combustibles refinados de mejor calidad y a mucho menor costo, entonces el Estado debiera detener esta actividad o, derechamente, modificar su propiedad ya sea para disponer absolutamente de ella o para permitir modalidades de participación privada en ellas y evitar pérdidas o subsidios injustificados.

O veamos el caso de correos.¿Qué sentido tiene mantener una estructura empresarial como la de correos de Chile que debe competir con los colosos internacionales de correo privado, con mejores estándares de servicio y a costos globales?.

Parte de la segunda pregunta, a esta altura ya está en parte respondida. Pero conviene hacer presente que las herramientas actuales de “privatización” difieren sustantivamente de las alternativas limitadas que los neoliberales propusieron en el pasado como un mantra inviolable.

Esto es, la participación público-privada (PPP o public & private partnership), una modalidad que ha probado ser de mucho éxito y que es, en sus fundamentos, una privatización del emprendimiento estatal.

También hay otras opciones, tales como las fórmulas de participación en la propiedad y, en este sentido, existen en Chile numerosos casos de participación privada o estatal como, por ejemplo, en Zofri, Diario La Nación, Aguas Andinas o el que pretende CODELCO en AngloAmerican Sur (es decir, una verdadera estatización parcial).

Igualmente, es una fórmula de privatización otro mecanismo, probablemente más sofisticado y que permite pasar de contrabando el fenómeno por delante de los ojos de los políticos: privatizar los flujos sin tocar el capital. Esto es lo que hizo CODELCO en su acuerdo de suministro de cobre con la sociedad china Minmetals.

Por ello es que hoy no debiéramos temer a la palabra privatización. Para los políticos, es como decir una grosería en un salón de palacio; pero la verdad sea dicha, para privatizar hoy por hoy, existen diversas alternativas que pasan por las narices de los políticos y de la opinión pública sin mayor alarma.

Los invito a perder la compostura y a abordar la privatización de la mejor forma posible, respecto de todos aquellos emprendimientos estatales donde claramente no hay una real justificación que legitime la intervención del aparato público por sobre el ciudadano privado.

Para eso tenemos que llevar adelante un análisis profundo respecto del desarrollo empresarial de cada firma de propiedad del Estado, su resultado operacional histórico y el rendimiento social que tiene su intervención.

Si la triangulación de estos elementos determina que es un proyecto “de subsidiariedad débil”, el Estado debe ir por su privatización, la que no necesariamente significa vender su propiedad, sino también, permitir la entrada de privados a su capital o buscar fórmulas alternativas, tales como la concesión de administración o la titularización de sus flujos.

Por favor, saquémonos las anteojeras dogmáticas y cambiémoslas por microscopios y transparente luz de día. Pero para esto, los ciudadanos libres de Chile tenemos el derecho de tener una discusión abierta y democrática respecto del tipo de Estado que queremos… y por lo que se ve, los políticos se reservan esta discusión hasta que el pueblo no salga a la calle.Con la misma fuerza con la que debiéramos exigir la intervención del Estado en los emprendimientos de alto valor social, debiéramos exigir que se reste de aquellos en que compite sin justificación subsidiaria.

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