Ha sido un largo recorrido para convencer a las autoridades de la necesidad de contar con apoyo estatal para enfrentar la agresividad de la estrategia peruana.
Hace justo un año, la Dirección de Presupuesto nos informaba de la disposición para costear la defensa del pisco ante la apelación de Perú, luego que el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Tailandia reafirmara el reconocimiento de la denominación de origen del pisco chileno. Entonces, la Dipres autorizó el giro de 15 millones de pesos a la Cancillería, para financiar la defensa jurídica de los productores de Pisco.
Éste fue uno de los tantos hitos en el camino junto a los productores de pisco para enfrentar un proceso que ha sido largo, donde se han visto enfrentados en desigualdad de condiciones ante la arremetida de nuestros vecinos y su destilado, para acaparar el mercado contando con recursos estatales para eso, mientras nuestro país no había sido proactivo al respecto.
A eso sume que después de nueve años, en enero de 2019, el Consejo de Apelaciones de Propiedad Intelectual de India reconoció los derechos para Perú sobre el pisco, triunfo de la cancillería limeña, mientras el ministro de Economía chileno de ese tiempo desestimaba el impacto que aquello causaría al producto nacional. ¿Recuerda usted?
Por ello digo que ha sido un extenso recorrido antes de llegar a este punto, cuando se va materializando el tan necesario Plan de Protección y Promoción Internacional del Pisco Chileno, que consiste en un aporte del presupuesto nacional, ocupando una mínima parte de lo que el pisco recauda en impuesto para su defensa y promoción. Inversión de 7.100 millones de pesos aportados por el Estado, que se ejecutarán entre 2021 y 2024 para asumir con mayor energía la defensa de la marca PISCO a nivel internacional en los mercados -fundamentalmente de Europa, América, Asia y Oceanía-, ya que esta competencia desleal que se ha provocado con el Estado peruano es por no tener mecanismos de protección y promoción de la producción pisquera en nuestro país.
Es evidente que hoy más que nunca se requieren las condiciones para una reactivación económica potente con tal de apoyar la producción local. Junto a los productores de nuestra región mantenemos una cruzada para que la Defensa de la Denominación de Origen del Pisco chileno sea un asunto de Estado y para ello se requiere un esfuerzo sostenido coordinado tanto público como privado: se trata de un patrimonio de todo nuestro país.
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