Pobreza, desigualdad y ajuste tributario

La encuesta CASEN reflejó una ligera mejoría en la pobreza. Ello ha motivado una excesiva autocomplacencia del Gobierno y dudas de la oposición y de expertos respecto de la metodología y las causas del resultado. Se apunta especialmente a que la medición está desactualizada, con líneas de corte muy bajas y que la situación actual estaría muy condicionada por transferencias estatales y por el incremento en el empleo informal y precario, factores no necesariamente sostenibles en el tiempo.

La vía para que estos logros sean consistentes es avanzar decididamente en combatir la desigualdad. La pobreza es hoy la muestra más brutal de la inequidad de nuestra sociedad.Es el síntoma más grave, preocupante y urgente, pero no la enfermedad.

Combatir la desigualdad es una tarea más profunda porque no se conforma con que las familias obtengan los recursos para superar la línea de la pobreza, sino también exige que cuenten con servicios, como educación, salud y vivienda, de calidad. Importa, además, resolver otras situaciones que afectan incluso a personas de mejores ingresos, como la clase media. Amerita, en definitiva un cambio cultural que nos lleve a rechazar y enfrentar las injusticias.

Para ello se necesita un énfasis mayor en la distribución de los ingresos, tanto a nivel país, como a nivel de la empresa. Una de las falencias más notorias de la CASEN es que mostró que muchas personas en situación de pobreza tienen empleo. Trabajan, pero siguen siendo pobres porque los sueldos son deficientes.

Para mejorar este reparto, requerimos avances en la legislación laboral, en lo relativo a la negociación colectiva, el fin del multirut y el pago de gratificaciones, aspectos que inciden directamente en las remuneraciones y, muy especialmente una profunda reforma tributaria.

El ajuste propuesto por el Gobierno no sirve para esto. Es apenas una corrección impositiva que busca un avance muy limitado en educación. Una reforma tributaria suficiente debería contemplar al menos tres ejes fundamentales: aumentar la carga tributaria respecto de algunos sectores y actividades; eliminar o limitar franquicias y exenciones e incorporar medidas para el control de la evasión y elusión.

Respecto del primer tema, el impuesto de primera categoría debiera llegar en un plazo razonable a 25%. La propia UDI ha planteado llevarlo a 22% para las grandes empresas.

Debemos rediscutir, también, la tributación de la actividad minera, especialmente para futuros proyectos, incorporando, regalías a los subproductos de la minería del cobre.Asimismo, abordar royalties especiales a otras industrias extractivas, como la pesca y estudiar la incorporación de impuestos ambientales.

En materia de gasto tributario, es necesario reducir las franquicias existentes, como el IVA a la construcción o el régimen especial ( artículo 18 Ter de la Ley de Renta )para las ganancias de capital, que generan profundas distorsiones y están mal focalizadas. Estos beneficios significan hoy un 4,27% del PIB y recaen en un 71.9% en el quintil de más altos ingresos.

En lo que respecta al control de la evasión y elusión tributaria, deben modificarse las materias donde se registran las mayores irregularidades, como el mercado de empresas quebradas, que se utilizan para minimizar la carga tributaria. El Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) es el instrumento que lo permite y debiera cambiarse por un sistema de base devengada. Asimismo, los Fondos de Inversión Privados debieran estar gravados y asimilarse a las sociedades anónimas.

El Gobierno no ha querido recoger estos planteamientos. Ni siquiera ha manifestado interés en avanzar en temas que hoy tienen amplio acuerdo político y académico, como la eliminación de las rebajas a los sectores de mayores ingresos, la regulación de los Fondos de Inversión Privados y la limitación de la franquicia IVA a la construcción.

En los próximos días comenzará a votarse en el Parlamento. Es el momento en que demuestre si su disposición es a enfrentar la desigualdad con una profunda reforma tributaria o si se queda en un ajuste menor, insuficiente para la educación y que no sirve a las necesidades del país.