En el Senado avanza nuestra propuesta orientada al combate a la evasión y elusión de impuestos en el país. La sala de la Cámara Alta aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que obliga a bancos y otras instituciones financieras a entregar información al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos y abonos en cuentas superiores.
Por qué se preguntará usted. Con ello se dota al SII para que pueda cobrar los impuestos que corresponde. Pues el Servicio de Impuestos Internos requiere de más y mejor acceso a los ingresos y manejo financiero de las personas y empresas con mayores ingresos. Estamos apuntando a aumentar la recaudación tributaria.
¿Cómo? Atacar la elusión y evasión permite que los contribuyentes paguen los impuestos, respondan según la ley, en especial en los segmentos de mayores ingresos. De Perogrullo dice usted, pero actualmente eso no pasa. En este caso, los cálculos van entre 5% y 6% del PIB que no se está tributando producto de la mal llamada ingeniería tributaria, que permite a los contribuyentes simplemente no pagar los impuestos de forma proporcional a su alto patrimonio.
Entonces, al informar las personas naturales o jurídicas sobre sus saldos con movimientos superiores a 1.500 UF se permite a la institucionalidad cruzar la información, ayudando al cumplimiento tributario. Esta tarea es un desafío conjunto para lograr que, a mayor recaudación, los altos ingresos deban efectivamente aportar más.
Al plantear esta modificación hemos considerado que la elusión y la evasión representan un problema que afecta principios básicos del derecho tributario como el de legalidad e igualdad ante la ley. Chile es una anómala excepción en esta materia y con esta norma estamos corrigiendo aquello. Si queremos mayor integración social se requiere dar este primer paso. Así de relevante es avanzar en esa vía.
Y es que parte de los argumentos rescatados al elaborar esta propuesta legislativa es que, junto al control de elusión y evasión tributaria, la herramienta de información al SII permitirá aumentar la recaudación fiscal sin afectar negativamente los niveles de actividad económica, entregar mayor justicia en el cumplimiento de las obligaciones legales y favorecer competencia económica, dada la transparencia que se otorga al sistema. Ello sobrepasa la caricatura respecto que esta normativa atenta contra el secreto bancario o viola la privacidad de datos personales.
Si queremos mayor integración social se requiere esta normativa, estamos en un proceso crucial de cambios institucionales y base de aquello es también una mayor credibilidad en materia de impuestos. De ahí también la urgencia y los emplazamientos al Ejecutivo respecto avanzar en lo propuesto sobre la ley de exenciones tributarias.
No es antojadizo ante una tarea titánica como lo es recuperar el empleo perdido y la dignidad de muchas familias ante un extenso período en que ha perdido su patrimonio. Para construir un Chile más equitativo y cohesión social es evidente que se requiere de mayor recaudación progresiva proveniente de las personas de más altos ingresos. Esos desafíos los planteamos en mayo pasado en la Agenda Mínimo Comunes, la necesidad de un financiamiento permanente que permita un equilibrio fiscal en mediano plazo y reactivación económica una vez que la crisis sanitaria sea superada. Las reformas que permitan la recaudación de ingresos permanentes deben tener como eje fundante su progresividad, es decir que quienes tienen más, aporten más.
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