Pónganle orden a las municipalidades

Aplaudo la iniciativa del ministerio de Hacienda de crear un programa que se preocupe de velar y supervisar que los distintos organismos y servicios públicos del gobierno cumplan el compromiso de pago oportuno a los proveedores.

Sin duda ChilePaga es una acción valorable pues cuando el sector público se atrasa en la cancelación de las facturas perjudica a los proveedores, especialmente a las empresas de menor tamaño, ya que los obliga a recurrir muchas veces a préstamos, a una tasa muy superior a la del mercado, lo que significa tener que pagar intereses innecesarios.

Es loable buscar transformar al país empezando por casa. A través de una buena administración interna el Estado ha logrado convertirse en un ejemplo para los demás proveedores.

Esta iniciativa busca principalmente que los servicios públicos paguen sus facturas dentro del plazo de 30 días (con la excepción del sector salud, donde es de 45 días), lo cual sin duda considero un enorme avance, pero que aún tiene algunos puntos débiles, como, por ejemplo, las municipalidades las cuales no forman parte de dicha estrategia.

Según el ranking publicado en la web de ChileCompra, del total de reclamos pendientes (dato obtenido a inicio de este mes), las municipalidades son las que acumulan más denuncias alcanzando un 79,83% (5.417), siendo la Alcaldía de Coquimbo la que tiene un mayor número de quejas llegando a acumular 411 (y continúa subiendo). Le siguen los municipios de Arica con 332 reclamos y Puerto Montt con 289.

Cifras, sin duda, elevadas y que me llaman la atención por el nulo control y fiscalización para las alcaldías. Sí, existe una página, sí, existe un ranking…. y pare de contar. Esta alternativa es más bien un muy pequeño castigo a la imagen.

Si seguimos escarbando, encontraremos otras dos formas en que los proveedores afectados pueden realizar un reclamo, primero a través de la Contraloría y por otro lado, llevar su caso a los tribunales de justicia.

De los reclamos ingresados en el portal "Contraloría y Ciudadano", hasta el 31 de marzo del 2013 se han recibido un total de 1009 casos de denuncias y sugerencias de fiscalización de los cuales un 48,3% corresponde al ámbito municipal.Pero la Contraloría no tiene el poder para aplicar soluciones, en este caso puntual sólo tiene la facultad para informar.

Mi pregunta es que en estas circunstancias ¿quién pone los límites y toma medidas?

El gran problema, al final de cuentas, es que estas instituciones tienen presupuestos independientes. La única forma de fiscalizarlas es que se genere un ente regulador como el Sernac Financiero, o que el Gobierno Central ejerza presión a ellas a través de la DIPRES, al retener del presupuesto de cada municipio la deuda pendiente a sus proveedores y que la Tesorería General de la República tome esos fondos para pagar a los afectados.

Hago un llamado para que no se olviden de las 5.417 empresas a las que les adeudan, de las cuales muchas pertenecen al sector de la salud y que por lo tanto son quienes proveen de medicamentos a los consultorios de los sectores más necesitados del país y que, por lo tanto en forma indirecta al no cancelarles estamos castigando a quienes más lo necesitan.