¿Por qué nos oponemos a la ley de pesca?

Porque no representa ningún avance para la pesca artesanal, que sigue siendo el pariente pobre del sector, pese a constituir una actividad tradicional de trabajo y sustento para miles de familias y comunidades. Una ley integral debe proteger las cinco millas y los caladeros históricos más allá de éstas, frenar el arrastre y el descarte; contener normas de protección social, otorgar exclusividad en las denominadas “pesquerías finas” y dar acceso a aquéllas en desarrollo incipiente, entre otras materias.

Porque insiste en un sistema de administración pesquera (las cuotas por armador), a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que hemos confirmado que llevaron al colapso de las pesquerías, pese a que fueron planteadas como la solución del problema. Hoy las capturas de las principales especies han caído a niveles históricos.

Porque las cuotas indefinidas y transferibles constituyen claramente una privatización del mar, entregando definitivamente a unos pocos y para siempre los recursos marinos que pertenecen a todos los chilenos. No hay derechos adquiridos respecto de los bienes públicos.

Porque favorece al mismo sector industrial beneficiado por largos años y que ha llevado a la sobre explotación de los recursos del mar. Se premiará a quienes han depredado nuestras costas, tal como se hizo con la salmonicultura.

Porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad, lo que no resulta conveniente bajo ningún análisis económico serio.

Porque entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país al sector industrial, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a la cuantía de las utilidades obtenidas en las últimas décadas. La magnitud de esos aportes debe ser concordante con su valor de mercado y suficiente para financiar la investigación, la fiscalización y la protección social.

Porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la incidencia y presión de los interesados en la administración de las pesquerías y mantiene rangos importantes de discrecionalidad en manos del gobierno de turno.

Porque no se asegura los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad, con planes de mediano y largo plazo que garantice que las decisiones de administración se orienten efectivamente hacia la sustentabilidad.

Porque no se establecen medidas que permitan una adecuada fiscalización ni sanciones eficaces y ejemplarizadoras contra quienes violando la ley obtienen beneficios ilegítimos.

Porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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