Redefinir el manoseado “Rol Subsidiario del Estado”

En mi columna anterior, abrí los fuegos a una discusión pendiente en la política económica de Chile, que tras un nombre un tanto académico, esconde un asunto clave de nuestro proyecto como nación y del desarrollo del país.

Hablemos con franqueza. Lo que está haciendo Codelco en su intento por adquirir una parte significativa de la propiedad de la mina ex-La Disputada, es ampliar su acción empresarial; es nacionalizar casi la mitad de una empresa minera privada extranjera; es endeudarse comprometiendo el patrimonio del Fisco en contraposición a las alarmantes necesidades de gasto social del Estado. Pero, como es lo habitual, la culpa es de quien da el afrecho…

Creo que la raíz del problema radica en que los chilenos hemos evitado una discusión sobre el tipo y tamaño del Estado que queremos tener. Entonces, en el descampado de la ignorancia o del desinterés, los poderes políticos y los económicos se acomodan en la dirección del aparato estatal y los ciudadanos, impávidos, tomamos palco frente a los eventos.

Entonces, inmersos en un escenario que finalmente es tierra de nadie, con qué nos encontramos: a un lado de la trinchera, se ubican posiciones más socialistas que defienden la participación activa y preponderante de lo estatal –incluso planificadora-; y en la contraparte, la visión neoliberal que relega al Estado a la “banca de suplentes”.

Parece ser que la respuesta no está en los extremos. Así al menos lo demuestra la experiencia, por lo que una buena forma de conceptualizar una posición intermedia es mediante el denominado “principio de subsidiariedad orientado al bien común”.

¿Y cómo es que llegamos a este “equilibrio de las fuerzas”? Si bien a mediados del siglo XX campeaba la visión de un Estado promotor de la economía, luego la visión neoliberal pareció entronizarse a la caída del comunismo.

Sin embargo, el neocapitalismo plutocrático ha sido víctima de sus propios vicios de codicia y de la creciente animosidad social causada principalmente, por el abuso de las grandes empresas sobre los consumidores y la miopía medioambiental.

Por estas razones, vemos nuevamente emerger un principio libertario y progresista donde, si bien el individuo y la órbita privada son prioritarios, el Estado puede participar –e incluso creemos que debe hacerlo- sin prejuicios, en aquellas áreas donde el bien común lo exige y la iniciativa privada no puede o no quiere ingresar por razones de rentabilidad, costos de inversión, limitación regulatoria, acceso a bienes escasos o por proyección estratégica.

Pero cuidado. La aplicación del principio de subsidiariedad es un arma de doble filo.Y esto se observa en situaciones de diversa índole:

1. Justifica la intervención del Estado en la economía, pero obliga al desprendimiento del emprendimiento público si los parámetros que dieron razón a su organización, se debilitan o desaparecen.

Una empresa del Estado no tiene razón de ser si su acción no está orientada hacia el bien común y a suplir una necesidad de rentabilidad social que la iniciativa privada no ha sido capaz de cubrir en uso de la libertad de emprendimiento económico privado.

2. Otras veces el problema radica en una deficiente regulación, lo que hace que ese emprendimiento privado no despegue porque el Estado interviene limitando los bienes o imponiendo cargas regulatorias ineficientes que encarecen artificialmente un proyecto de negocios y limitan el lucro, volviéndolo deficitario o limitadamente rentable, al punto de estancarlo.

3. Por otro lado, también puede ocurrir que por el monopolio regulatorio que tiene el Estado, le facilita el acceso a determinadas áreas de negocio o le permite iniciar un proyecto en desmedro del privado.

Por mucho que suene a retórica neoliberal, es efectivo que cada vez que la iniciativa de emprendimiento de un privado es limitada por el Estado, hay riqueza y trabajo que están dejando de crearse, y al mismo tiempo, obligando al Estado a incurrir en costos y destinar recursos con una rentabilidad social nunca medida efectivamente y con una eficiencia sin control.

Por ejemplo, qué sentido tiene exigir que el estado organice una cadena de venta de fármacos al detalle, si en Chile hay farmacias como en ningún otro lugar del mundo.

Es cierto que el mercado ha dado muestras de ser bastante imperfecto, pero esto es un problema de las reglas de libre competencia y de protección de los consumidores. Esto se arregla con una autoridad más diligente, no con más emprendimientos deficitarios del Estado.

No obstante, este caso del emprendimiento público puede darse al revés: esto es, que el Estado no reacciona frente a una necesidad social e inhibe su emprendimiento por razones políticas o pura miopía. ¿Dónde el Estado debiera abrir los ojos y actuar empresarialmente? Aquí van algunos ejemplos:

Si queremos abandonar las fuentes contaminantes de energía, sabemos que a Chile le sobra sol… ¿Dónde está la Empresa Nacional de Energía Solar S.A.?

El problema del agua es el tema clave del futuro… ¿Dónde está la Empresa Nacional de Desalinización de Aguas S.A.?

La integración al mundo globalizado por el Chile más marginado, es estratégico para saltar al desarrollo ¿Dónde está la Empresa Nacional de Internet Inalámbrico Rural S.A.?

Y finalmente, si es evidente que los privados no son eficientes para crear una poderosa columna vertebral de transporte de energía eléctrica a lo largo de Chile ¿Dónde está la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica S.A.?

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