La pandemia sigue dejando consecuencias en materia social, pese a que los empleos se han recuperado en gran medida, ya que de acuerdo con un sondeo de la Universidad Católica hay 2,16 millones de empleos recobrados (esto es 90% del total que había antes de la crisis sanitaria), no obstante, siguen habiendo personas que quedaron en una situación económica muy frágil , quienes incluso estarían felices si existiera un nuevo retiro de los fondos de las AFP, y hay otras que ya no tienen ningún peso para su jubilación, menos para retiros.
En este escenario de grandes necesidades sociales y déficit presupuestario en el erario fiscal por los costos de la pandemia, asumirá el Presidente electo Gabriel Boric, quien ha afirmado que realizará una nueva reforma tributaria para el "primer tiempo" del mandato, con el objetivo de alcanzar su programa de gobierno abordando demandas de las personas como educación, salud, vivienda y pensiones.
El problema es que de nuevo estaremos transitando entre una reforma tributaria y otra, como lo fue con el último gobierno de Michelle Bachelet (que incluía el alza gradual de los impuestos a las empresas de 20% a 25% y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias, FUT) y luego con el de Sebastián Piñera, que llamó a este proceso "modernización tributaria" (que consideró impuestos a servicios digitales como Netflix y Uber, y un único sistema semi-integrado para las grandes compañías). El asunto es que estaremos así eternamente entre una administración y otra, ya que cada una propondrá una reforma diferente para recaudar fondos para su programa, teniendo muy en cuenta que es muy difícil que un alza tributaria sea revertida por algún futuro Ejecutivo, ya que obviamente ninguno querrá acceder a menos recursos.
De acuerdo con los expertos tributarios no le hace bien al país, ni a la economía ni a las empresas, estar experimentando nuevos cambios tributarios cada cuatro años. Es muy complejo implementar una reforma, aprender a entender todos sus artículos, implicancias, lo que genera costos para las compañías, hasta que logren entender a cabalidad y adaptarse a la nueva legislación, pues para ello deben contratar asesores, comprar softwares, capacitar personal, realizar cambios, incorporar tecnologías, entre otros; lo que claramente es mucho más complejo y significa un mayor esfuerzo económico cuando se trata de pymes y negocios familiares. Sumado a lo anterior, el costo en multas de quienes no logran hacer bien ese trabajo de adaptación es también muy alto y perjudicial en momentos de incertidumbre económica como los que estamos viviendo.
Resulta negativo implementar un nuevo impuesto a los súper ricos. La experiencia internacional es clara en este tema, por ejemplo, en 1990 existían 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tenían en su legislación algún tributo que gravaba las mayores fortunas, pero hoy sólo tres lo mantienen: España, Noruega y Suiza.
Desde el punto de vista legislativo, propongo que si se va a presentar un proyecto de reforma tributaria se realice previamente un serio trabajo legislativo, donde todos los actores involucrados puedan entregar sus puntos de vista como empresarios, gremios, economistas, contadores, abogados, sociedad civil, entre otros. Necesitamos hacer esta pega previa antes que las iniciativas se presenten a la sala, ya que el debate legislativo no permite muchas veces escuchar diferentes opiniones para tomar una decisión considerando todas las aristas y repercusiones que puede generar una nueva normativa. La idea no es legislar de manera apurada con la presión social de fondo.
Por último, hago un llamado a todas las fuerzas políticas y sobre todo al nuevo oficialismo que asume para que lleguemos a un consenso en el Parlamento, a fin de aprobar una nueva reforma que no venga a cobrar "venganza" contra las grandes empresas, ya que lo único que se logra con ello es que esos capitales esenciales se muevan a otros países o derechamente a un paraíso fiscal. Necesitamos a los inversionistas, a las empresas y a los emprendedores, y, por otro lado, necesitamos también satisfacer las necesidades básicas de las personas, por eso este nuevo proyecto debe generar un balance que contemple mejorar la recaudación, sin generar la salida de capitales y de inversiones. El desafío no es fácil, pero quién dijo que gobernar un país era tarea sencilla.
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