Rol clave del sector público-privado en la transmisión eléctrica
El anuncio del plan de expansión del sistema eléctrico nacional anunciado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo objeto es dar viabilidad a la plantas de generación de energías renovables no convencionales y disminuir los cuellos de botella que dificultan el acceso de la generación limpia a los centros de consumo, es una muy buena noticia. Se construirán nuevos proyectos por más de US$ 2.200 millones. Entre las iniciativas anunciadas se encuentran la línea Entre Ríos-Lo Aguirre, que unirá la zona central con la Región de Ñuble, con una inversión de US$ 1.500 millones.
En efecto, una de las apuestas más osadas e interesantes de Chile es el cambio de nuestra matriz energética de origen fósil hacia la electrificación, en el supuesto de que somos capaces de generar energía eléctrica renovable no convencional para abastecer la demanda existente y los futuros requerimientos.
Esto habilitará una nueva ventaja competitiva que reforzará nuestra capacidad productiva en diferentes aspectos, pues permitirá contribuir a la descarbonización y liderar el proceso de adaptación al cambio climático. Además, nos hará más autónomos en el uso de energía y permitirá contar con energías a menor costo para el desarrollo de nuevas industrias como son los centros de datos y la agroindustria. A través de la desalinización, también dará seguridad para el abastecimiento de agua a la población.
Hemos demostrado ser capaces de avanzar en generación de energía eólica y solar con gran eficacia. Sin embargo, como ha quedado demostrado en el último tiempo, no tenemos la capacidad de transmitir esa energía en la cantidad que se requiere para satisfacer la demanda. Esto limita la electromovilidad, la electrificación productiva y de los hogares. La tramitación del proyecto Kimal-Lo Aguirre, hoy a la espera de resolución ambiental, es una advertencia respecto de las dificultades que enfrentamos para que la oferta llegue oportunamente y en las cantidades necesarias a los lugares de mayor requerimiento. En la misma situación está la línea Itahue-Hualqui, a la espera de ser revisada por el Consejo de Ministros.
En este sentido, la urgencia de contar con esa nueva infraestructura de transmisión básica anunciada por la CNE y la experiencia de anteriores proyectos hacen recomendable un trabajo conjunto entre las instancias del sector público y los privados para salvar restricciones que el propio Estado se ha dado para iniciativas de esta envergadura y explorar opciones de infraestructura compartida, por ejemplo, para facilitar su implementación.
El apoyo de las autoridades del sector energético resulta fundamental para hacer realidad estos proyectos de interés nacional en el menor plazo posible y evitar que se dificulte su ejecución.
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