Una alerta para las concesiones
La encuesta Cadem de agosto de 2026 entrega una señal de alarma que nadie debería ignorar: las autopistas y las concesionarias ocupan el último lugar en el índice de confianza en instituciones e industrias, con apenas 29% de valoración positiva. Menos que las isapre, las AFP y otras industrias con problemas. Están en el último lugar del ranking, y a la baja respecto de julio.
Esta baja valoración de la ciudadanía debería ser motivo de preocupación para todos aquellos que valoramos la asociación público privada y la contribución del modelo de concesiones al desarrollo del país.
Cuando una industria se instala sostenidamente en los últimos lugares de confianza, la respuesta no puede ser solo "hay que comunicar mejor". Eso confunde el síntoma con la enfermedad. Una evaluación tan baja y persistente obliga a preguntarse por qué, y a actuar en consecuencia. Lo que está en juego no es imagen: es la legitimidad social del sistema, su capacidad de operar con el respaldo de sus propios usuarios.
Hace casi 20 años, el Transantiago era sinónimo de mala evaluación. Sin embargo, hoy el sistema Red -su sucesor- aparece entre los más valorados del país. No son sistemas estrictamente comparables, pero la lección de fondo es la misma: es posible recuperar la confianza ciudadana. Se logra con inversión sostenida en calidad, escucha real de los usuarios y voluntad de hacerse cargo del problema.
El sistema de concesiones de Chile es -en cualquier comparación internacional-, una historia de éxito. Desde 1993, suma más de 120 contratos, cerca de US$ 32 mil millones en inversión privada y más de 3.000 kilómetros de autopistas que transformaron la infraestructura del país. Pero esos logros no son un cheque en blanco: el ciclo que los hizo posibles hoy requiere renovarse.
La mala evaluación no surgió de la nada. Lo más visible son las críticas a los peajes y la eventual recaudación fiscal con algunas autopistas, pero también hay aspectos relacionados con el servicio y con la relación con los vecinos en algunas concesiones. La morosidad en autopistas urbanas se duplicó. Y la crítica se instaló con transversalidad en el Parlamento.
Una legitimidad erosionada no es solo un problema de imagen: encarece las licitaciones futuras, aleja la inversión y pone en riesgo la infraestructura que el país necesita.
Lo que se requiere es un "nuevo pacto de legitimidad" para las concesiones. Un acuerdo que convoque a todos los actores del sistema: el Gobierno, que debe liderarlo y darle carácter de política de Estado; las empresas concesionarias; las instituciones que conocen y valoran el modelo y los representantes de la ciudadanía. Sus pilares deberían ser la valoración de la asociación público privada y dar certezas a todas las partes; la transparencia fiscal sobre los flujos entre el Estado y las concesionarias; una política nacional de tarifas con equidad territorial y soluciones especiales para los hiperusuarios; un estatuto real del usuario; y participación de las comunidades desde el inicio de cada proyecto.
La alternativa -dejar que la desconfianza escale- tiene costos que Chile no puede permitirse. El sistema más sólido no es el que tiene los mejores contratos. Es el que cuenta con el respaldo de quienes lo usan cada día.
a día.