Adelantémonos al hundimiento de las Universidades “Titanic”

La crisis financiera de la Universidad del Pacífico nos evoca a otras que han sacudido al mundo de la educación superior, afectando a miles de estudiantes y sus familias. Aún están frescos en la memoria los casos de la Universidad Del Mar, la Arcis y la Iberoamericana, que como todos sabemos terminaron cerrando. 

Ciertamente, hoy Chile está mejor preparado para enfrentar estos casos, gracias a la existencia de la figura del administrador provisional y de cierre. Pero como país decidimos ir más allá: actualmente contamos con una Ley de Educación Superior que creó, entre otras cosas, la figura de la Superintendencia de Educación Superior, que debe estar instalada en mayo de 2019.  

¿Cuál es su misión? Esta institución se encargará de fiscalizar el respeto a las normas que regulan a las instituciones de educación superior y de vigilar el buen uso de los recursos de las instituciones.

En este sentido, la nueva institucionalidad tiene amplias facultades fiscalizadoras, permitiendo adelantarse a situaciones de cierre, en incluso evitar las crisis que traen incertidumbre entre el estudiantado y la lamentable caída de una institución.

Entonces, haciendo un poco de política de ficción, ¿qué habría podido hacer la Superintendencia en pleno funcionamiento frente al caso de la Universidad del Pacífico?

Podría haber conocido tempranamente sus estados financieros, respondido con celeridad a las denuncias de los propios estudiantes, tomando medidas provisionales inmediatas frente a infracciones detectadas.

De haber existido antes, la Superintendencia hubiese sido capaz de fiscalizar, no solamente a la institución, sino también a los controladores, propietarios, fundadores y representantes legales, realizando auditorías e, incluso, ingresando a las dependencias administrativas de la institución, tomando conocimiento de cualquier antecedente necesario para cumplir su función de manera efectiva.

Esto revela la importancia de este nuevo marco normativo, que entrega mejores herramientas para evitar o enfrentar esta crisis.

Quizás, la mayor ventaja de haber contado antes con la Superintendencia de Educación Superior habría sido evitar una crisis, adelantarse en años a la situación, levantar las alertas e informar oportunamente a la comunidad universitaria que se acercaba un “iceberg” en el horizonte. Definitivamente, el escenario sería muy distinto si hubiéramos contado con ella antes de la actual crisis de la Universidad del Pacífico.  

Es, entonces, urgente que se avance en la correcta implementación de la nueva Superintendencia, incluso adelantando los plazos que la ley indica.

Mayores exigencias de acreditación y nuevos modos de financiamiento institucional traerán desafíos a las instituciones de educación superior.

Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos de un vigilante que pueda proteger a estudiantes, docentes y a todos los trabajadores que cumplen sus funciones en las instituciones que enfrentarán las aguas turbulentas del cambio, uno necesario para avanzar hacia un sistema que asegure la calidad y estabilidad de las instituciones que lo componen.

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