El común de las reflexiones suele canalizarse en el Presidente y su gobierno. Analizar su desempeño y fiscalizar su administración. Sin embargo, pocas veces profundizamos en el rol de la oposición. En tiempos de "transición política" es un poco diferente. Solemos mirar con mayor atención a quienes no gobiernan, pues tienen un rol central en encauzar al país y ayudar a consolidar la democracia.
Pero una vez que el sistema funciona, esta mirada exigente se diluye y se termina por concentrar en el Ejecutivo. A pesar de ello, esto no implica que su rol se vuelva irrelevante. Todo lo contrario. La oposición en una democracia saludable tiene la capacidad de provocar inestabilidad y erosionar nuestras instituciones, casi tanto como los que están gobernando. A este tipo de comportamientos se le denomina oposición irresponsable y obstruye el camino al desarrollo de los países.
Por ejemplo, cuando una oposición boicotea, a priori, discusiones legislativas en temas relevantes para el gobierno. No solo dificulta la administración de su competencia, sino que, en el fondo, promueve la pérdida de la racionalidad en las decisiones políticas. Cuando la oposición presenta argumentos técnicos y alternativas en los debates legislativos, se obliga a quien gobierna a justificar sus acciones, permitiendo que el público comprenda las consecuencias reales de cada propuesta política. Si esto no sucede, si se abusa de la negativa así sin más, este proceso se difumina. No es de extrañar, entonces, que la distancia entre políticos y ciudadanos en contextos así solo se incremente.
Por otra parte, a largo plazo esta negación permanente produce una democracia disfuncional, pues se perjudica el interés público nacional al limitar la capacidad del sistema para entregar soluciones. De manera similar, observamos este tipo de degradaciones cuando se mal utilizan mecanismos de fiscalización al gobierno para provocar parálisis política, o bien, cuando las oposiciones fomentan expresiones de violencia con la animosidad de generar inestabilidad en la presidencia.
Pero en todos estos casos de irresponsabilidad encontramos un patrón que trasciende la simple confrontación política. Es decir, no se explica solo por diferencias ideológicas, legítimas en cualquier democracia liberal, sino por un problema más profundo que se podría denominar la "trampa de la ilegitimidad". Esto es la negativa a las reglas del juego por parte de quienes están en la oposición y a aceptar que el "adversario" también tiene derecho a gobernar. Cuando esto ocurre, se normaliza una retórica de crisis permanente donde cualquier medio se justifica para "sacar" al oponente: el adversario político deja de ser un competidor legítimo y se convierte en un enemigo a destruir.
Lo peligroso de esta dinámica es que crea un precedente. El día que esa oposición llegue al poder, podría enfrentar el mismo trato, manteniendo un ciclo de erosión institucional. Parte de la izquierda debería tomar nota si quiere volver a ser gobierno. Si decide nuevamente actuar irresponsablemente como oposición y optar por tensionar las reglas del juego, son las mismas que mañana necesitarán respetar si vuelven al Ejecutivo.
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