"Amigo imaginario": la frágil relación del Estado con sus universidades
Hace algunos años atrás, el entonces rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, declaró que, al igual que algunos niños a determinada edad, las universidades del estado hemos tenido en el Estado a un "amigo imaginario" (La Tercera, 03 de septiembre de 2017).
El rector Vivaldi hizo esta afirmación, reconociendo que la analogía es tan fuerte como real. El Estado impone a sus universidades un escenario asimétrico que favorece a las instituciones privadas de educación superior, las que, al no tener las mismas regulaciones y trabas para su funcionamiento, ven beneficiadas sus estrategias de desarrollo. Ello ha significado que, por ejemplo, el incremento del gasto público en educación superior haya terminado principalmente engrosando las arcas de las universidades privadas, las que -por la vía de un aumento indiscriminado de su matrícula- acceden a los recursos fiscales que financian, por ejemplo, la gratuidad en este nivel de enseñanza.
Lo anterior, ha significado que el 73,2% de la matrícula universitaria del país esté adscrita a instituciones privadas. Dicho de otro modo, la tendencia privatizadora, impulsada por acción u omisión desde el propio Estado, ha significado que las 18 universidades estatales concentren tan sólo 26,8% de la matrícula en este nivel de enseñanza (según datos del Informe de Matrículas de Educación Superior de julio de 2025 del Ministerio de Educación), cuando el promedio de los países de la OCDE se ubica en el 70% aproximadamente.
Han transcurrido poco más de ocho años desde la emisión de esa afirmación, y al parecer, esta situación -a pesar de la dictación de la Ley de Universidades Estatales- no ha cambiado sustancialmente. Es así como el "Informe Preliminar de Estudio de Mercado sobre la Educación Superior", realizado por primera vez por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), identificó tres limitantes que afectan a las universidades del Estado, al generar asimetrías y desigualdades al momento de competir con las universidades privadas.
La más relevante de ellas, se refiere a lo que la FNE define como "inflexibilidades operativas" que derivan de las normas regulatorias del funcionamiento de las universidades del Estado. Dichas rigideces generan una pérdida de competitividad por parte de las casas de estudios estatales en favor de las privadas, generando la apariencia que estas últimas, son más eficientes en su funcionamiento.
El solo hecho que las universidades del Estado deban competir con las privadas por acceder a fondos públicos, vía asignaciones, fondos concursables y otros, resulta una aberración incomprensible en otros países de la región y de la propia OCDE. En Chile, en cambio, esta situación se encuentra naturalizada tras casi 45 años de funcionamiento de un modelo privatizador que, finalmente, significa la privatización de fondos públicos para el beneficio de intereses privados en detrimento del interés nacional.
La misma FNE propone la necesidad de realizar ajustes y correcciones a las normativas que limitan la acción de las universidades estatales. Como norte principal de estos ajustes, la FNE plantea que se debe avanzar hacia un proceso que sea capaz de "perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales", en la perspectiva de generar nuevas condiciones y posibilidades para el fortalecimiento de estas instituciones.
A este respecto, los rectores y rectoras del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECh) sostienen en voz de su presidente, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales: "Como Universidades del Estado siempre hemos postulado que la educación pública no debería ser un bien de mercado y debería ser sustentada íntegramente con fines estratégicos para el desarrollo del país, pero si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Esto va de la mano con nuestra demanda de transparencia total para todas las universidades que reciben fondos del Estado de forma directa e indirecta por medio de becas u otros beneficios fiscales".
Es de esperar que estas recomendaciones de la FNE permitan avanzar en el establecimiento de una relación distinta del Estado con sus universidades, una que se supone venia ya dibujada con anterioridad por la misma ley referida con anterioridad. Es de esperar que este amigo imaginario, se transforme en una amigo real, material y concreto que comprende el rol que juegan las instituciones de educación pública en la formación de profesionales y técnicos, como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia, los derechos humanos y el desarrollo nacional.
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