En medio de una persistente crisis de desconfianza institucional en Chile, la más reciente medición del Centro de Estudios Públicos (CEP) entrega un dato especialmente significativo: las universidades se ubican entre las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía, alcanzando un nivel de confianza que contrasta con la baja persistente que afecta a buena parte del sistema institucional tradicional. Este capital social no debe leerse como un trofeo para la complacencia académica, sino como un mandato ético y urgente. En un país donde la desconfianza es la regla general, este reconocimiento nos convoca a seguir en el camino de constituirnos en un pilar de estabilidad, pensamiento crítico y responsabilidad pública frente a la incertidumbre colectiva.
Esta responsabilidad coincide con las alertas del informe regional del PNUD "Democracias bajo presión", que advierte sobre la brecha entre ciudadanía electoral y ciudadanía social en América Latina. Cuando la democracia no se traduce en bienestar, seguridad, justicia y dignidad, la desafección se profundiza. En este escenario, la confianza en las universidades expresa una esperanza concreta: que el conocimiento, la formación y la educación superior sigan siendo motores de movilidad social, desarrollo humano y fortalecimiento democrático.
El PNUD también advierte sobre presiones como la desinformación, la polarización digital, la desigualdad y los dilemas éticos de la inteligencia artificial. Frente a estos desafíos, la academia debe proyectar su rigor más allá de los circuitos especializados y aportar al debate público, ayudando a que más personas comprendan críticamente los problemas de su tiempo.
Desde la Universidad Miguel de Cervantes, cuya vocación se inspira en una concepción humanista y cristiana, entendemos que ese rigor debe materializarse no sólo en grandes foros ni en discusiones de especialistas. También ocurre en las aulas, en los espacios de formación continua, en las clases vespertinas, en las plataformas virtuales y en las trayectorias de quienes compatibilizan trabajo, familia y estudio para abrir nuevas oportunidades de vida.
Una respuesta efectiva, comienza cuando entregamos herramientas racionales, éticas y científicas a quienes sostienen cotidianamente el tejido social y productivo del país. Cuando un estudiante trabajador adquiere capacidades de análisis, las lleva a su comunidad, a su lugar de trabajo, a su organización social, a su familia y a los espacios donde se toman decisiones cotidianas. Allí, la educación superior se transforma en una barrera concreta frente a la sobre simplificación, la desinformación y el desencanto.
El desafío que nos plantea este tiempo es fortalecer una formación universitaria capaz de responder a las necesidades reales de las personas, los territorios y el mundo del trabajo. No basta con entregar conocimientos técnicos; debemos formar profesionales con criterio, sentido ético, responsabilidad pública y capacidad para comprender críticamente los problemas de su entorno. La confianza que la ciudadanía manifiesta hacia las universidades es, en el fondo, una esperanza, pero también una exigencia. Chile no sólo nos pide solo otorgar títulos y grados académicos; nos pide formar personas capaces de contribuir al bien común, al diálogo democrático y al desarrollo institucional del país.
El futuro de nuestra democracia se fortalecerá abriendo las puertas del conocimiento a quienes mueven al país, demostrando que en las aulas con vocación humana y social el desencanto puede comenzar a transformarse en participación, desarrollo institucional y confianza compartida.