Fortalecer la educación pública es fortalecer el derecho a aprender
El despacho a ley del proyecto que fortalece la implementación del Sistema de Educación Pública, luego de la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 122 votos a favor, constituye un paso relevante para el país. No se trata solo de un resultado legislativo, sino de una señal clara respecto de la importancia de monitorear, para así cuidar, perfeccionar y consolidar una política pública que busca garantizar el derecho a la educación en todo el territorio.
Es una tarea compleja, de largo plazo, que exige capacidad institucional, decisiones responsables, aprendizaje permanente y mejoras a la política. Esta ley se inscribe precisamente en esa lógica: mejora las condiciones para que el sistema existente funcione mejor, con mayor estabilidad y con mayor foco en su propósito educativo.
Hoy, el Sistema de Educación Pública tiene una presencia concreta y significativa. De los 70 Servicios Locales de Educación Pública planificados (SLEP), existen 58 en distintas etapas de implementación, de los cuales 36 ya han entrado en régimen (25 de ellos durante los últimos 4 años). Esto involucra a más de 640 mil niños, niñas y jóvenes, y a más de 118 mil docentes y asistentes de la educación, que día a día sostienen el trabajo pedagógico en jardines infantiles, escuelas y liceos a lo largo del país.
Estas cifras reflejan una realidad que a veces se pierde en el debate público: la educación pública está avanzando, todos los días, en contextos diversos y desafiantes. Y avanza gracias al compromiso de comunidades educativas que confían en -y nos reafirman la convicción de- que todas y todos pueden aprender, cuando como sistema aseguramos las condiciones adecuadas para hacerlo.
El proyecto aprobado introduce mejoras concretas en esa dirección. Fortalece los procesos de traspaso desde los municipios a los Servicios Locales, haciendo obligatorio el plan de transición y ampliando los plazos de instalación. Esta medida reconoce algo fundamental: los territorios son distintos, y una implementación responsable requiere tiempos adecuados para ordenar la gestión, las dotaciones y los recursos, sin poner en riesgo la continuidad del servicio educativo.
Asimismo, la ley optimiza procedimientos para simplificar el proceso de traspaso. Simplificar no es debilitar el sistema; es permitir que las capacidades se orienten a acompañar a las comunidades educativas, a fortalecer los procesos pedagógicos y a sostener la mejora de los aprendizajes.
Además, se refuerza la presencia territorial del sostenedor mediante la formalización de la creación de oficinas locales en zonas donde las distancias y la conectividad lo hacen necesario. En la misma lógica, también se avanza en fortalecer la gobernanza del sistema. La experiencia acumulada muestra que un sistema público sólido requiere anticipación, acompañamiento técnico y responsabilidades claras. No basta con reaccionar frente a las dificultades: es necesario prevenirlas, aprender de ellas y proteger la continuidad del derecho a la educación.
En materia de financiamiento, la ley avanza con la creación de un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública, con recursos incrementales hasta 2030, destinado a los establecimientos dependientes de los SLEP, lo que permitirá planificar y focalizar de mejor manera las inversiones en infraestructura educativa.
Se fortalece el nuevo Sistema de Educación Pública como política de Estado, reforzando el compromiso de diversas carteras ministeriales, a través de la creación de un Comité de Ministros con el propósito de coordinar acciones y esfuerzos del intersector para atender las diversas necesidades de esta tarea país.
Fortalecer la educación pública es una definición sobre el tipo de sociedad que queremos construir, no una consigna ni una discusión meramente administrativa. Es afirmar que el derecho a aprender no puede estar condicionado al territorio ni al contexto de cada estudiante, y que el Estado tiene un rol insustituible en garantizar condiciones de equidad y calidad.
La aprobación de este proyecto de ley robustece y cuida el proceso de instalación del Sistema de Educación Pública. Nos recuerda que este se construye con convicción, con perseverancia y con una responsabilidad que debe trascender los ciclos políticos. Nos reafirma una idea sencilla y exigente a la vez: que cada niña, cada niño y cada joven importa, y que el sistema educativo debe estar a la altura de esa convicción, porque cuando la educación pública avanza, Chile avanza.
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