Hemos dado como país un nuevo paso destinado a enfrentar el combate al crimen, por la vía de mejorar la calidad, coherencia y eficacia de la persecución penal, puesto que en el Congreso Nacional concluimos la tramitación del proyecto de ley que Fortalece el Ministerio Público. Esta propuesta se suma a la creación de la Fiscalía Supraterritorial -que terminamos de tramitar el año pasado y entra en vigencia en abril próximo-, lo que es una clara señal frente al surgimiento de fenómenos delictuales complejos y de grupos estructurados con alta capacidad financiera y logística, como los que conforman el llamado crimen organizado.
La iniciativa, despachada ahora por el Parlamento, proviene de un análisis realizado por una mesa técnica de trabajo compuesta por el Ministerio Público, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta colaboración interinstitucional permitió generar una propuesta de modificaciones legales para el reforzamiento de la estructura orgánica del Ministerio Público de manera de facilitarle enfrentar las actuales cargas de trabajo, modernizando los criterios para el otorgamiento de incentivos al cumplimiento de metas, con especial foco en la distribución regional y número de causas, entre otros aspectos.
La futura ley considera un importante incremento en la dotación de personal del Ministerio Público -el más relevante desde su creación-, que reforzara el personal para la tramitación de causas, lo que mejorará la capacidad operativa de las fiscalías locales. Con ello, se fortalecerá la operación de los sistemas de turno y flagrancia, optimizando la respuesta de la persecución penal en las primeras horas y la labor investigativa en los delitos más complejos.
Se aumenta la dotación de personal necesaria para instaurar un modelo enfocado en proporcionar atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios, sean víctimas o testigos. Ello permitirá mejorar la cobertura y oportunidad del modelo de orientación, protección y apoyo; avanzar en el diseño de respuestas diferenciadas a los grupos en situación de vulnerabilidad; y equilibrar la carga de trabajo actual en las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos.
Junto con ello, se avanza en la mejora del diseño orgánico del Ministerio Público, a partir de ajustes en ámbitos importantes de la regulación de sus órganos directivos.
Se propone crear un Sistema de Supervisión de la Persecución Penal, a cargo de una Unidad dependiente de la División de Planificación, Control de la Gestión y Supervisión, el cual tiene por objetivo velar por el cumplimiento de las instrucciones generales que dicta el Fiscal Nacional y de la calidad y oportunidad de la persecución penal, mejorando el estándar de las investigaciones y, en consecuencia, la confianza ciudadana.
Además, para mantener la experiencia acumulada de quienes han desempeñado cargos relevantes en materia de persecución penal, los Fiscales Regionales al finalizar su periodo podrán volver a asumir como fiscales adjuntos, en una región distinta a la que ejercieron como fiscales regionales.
La iniciativa también establece una asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos respectivos; así como el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales, fortaleciendo así la carrera funcionaria.
Por último, en relación a los cambios orgánicos, se crea la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación y la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna.
En definitiva, los cambios se orientan a enfrentar de mejor forma la criminalidad, reforzando las herramientas y recursos del Ministerio Público con foco en una persecución penal eficaz, prestar la debida atención a víctimas y testigos y fortalecer los estándares de calidad en la gestión. Todo ello como un esencial compromiso con la misión del ente persecutor y un avance decidido para lograr responder a los urgentes requerimientos que tienen las víctimas y la ciudadanía.
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