En Chile, las escuelas públicas y privadas son financiadas por el Estado vía "voucher"; es decir, reciben una subvención según el número de estudiantes que asisten a clases, lo que es un incentivo para que los establecimientos aseguren una asistencia regular.
Bajo esta lógica, las escuelas perciben como una posibilidad la exclusión de estudiantes catalogados como desafiantes y complejos. Son los estudiantes más vulnerables -que suelen tener infinidad de dificultades para asistir con regularidad a clases, las que van desde la necesidad de aportar con ingresos a sus familias hasta cuidar a hermanos pequeños o asumir una paternidad o maternidad precoces-, quienes se ven más afectados por estos incentivos perversos y con escasa vocación pedagógica.
El sistema educativo tiende a concentrar a estos alumnos "complejos" en escuelas urbanas apartadas, rurales o aisladas, lo cual dificulta su acceso a mejores oportunidades. Estos factores reproducen y amplían las brechas educativas de quienes nacen y crecen en situación de pobreza, lo que aumenta la probabilidad de que se vean excluidos del sistema educacional regular por no calzar sus desempeños con las prácticas y resultados esperados.
Hoy, 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años se encuentran fuera del sistema educativo, sin haber completado su educación obligatoria y presentan dos o más años de rezago. A causa de la pandemia, otros 40 mil han abandonado la educación.
Por esto aspiramos a que la nueva Constitución garantice realmente el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes de Chile, en un modelo flexible e inclusivo, cuyas bases están detalladas en "Constitución y Pobreza", un documentos construido por 9 oenegés, que trabajan en los territorios más desatendidos con las poblaciones más vulnerables de Chile. En él, una de las dimensiones claves del bienestar -la educación- contiene una serie de propuestas constitucionales para que ningún niño, niña y joven en nuestro país vea vulnerado ese derecho básico sólo por haber nacido en pobreza.
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