En apenas unas horas más, el Parque Cultural de Valparaíso presentará las memorias de Mauricio Hernández Norambuena, condenado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán el año 1991 y quien fue extraditado desde Brasil (donde había sido condenado por secuestro y torturas) para cumplir su pena en Chile, luego que se fugara de la Cárcel de Alta Seguridad, en condiciones de lo más peculiares el año 1996.
Parlamentarios de oposición manifestaron rápida y esperadamente su rechazo a dicho acto, pero, además, lo tildaron de inaceptable, a la vez que solicitaron suspender la actividad, que es promocionada con el logo del Ministerio de las Culturas.
Lamentablemente, ni el acto se suspenderá ni tampoco sorprende que el Gobierno lo patrocine. Al contrario, resulta -si bien completamente inaceptable- coherente con la relación que la izquierda que gobierna ha mantenido históricamente con la violencia política y, particularmente, con el atentado terrorista que le costó la vida a Jaime Guzmán.
De un lado, el Partido Comunista chileno (el que siempre ha apoyado regímenes totalitarios) ha sido conducido en nuestra historia reciente por un exfrentista, Guillermo Teillier, a quién secuestrar niños -como lo hizo en su momento el FPMR que él lideraba- le parecía "cuestiones complicadas", dejando ver el germen violento de sus ideas y la frivolidad con que las podía expresar. Hoy desde el mismo PC, a través de quien competía para ser Presidente de Chile la elección pasada, señaló hace pocas semanas que "el pueblo tiene derecho a pasar por sobre el Estado de Derecho". Durante el llamado Estallido Social, el Partido Comunista apoyaba las evasiones y vinculaba, por medio de su presidente Teillier, la relación entre violencia y manifestaciones: "Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré". Así de claro.
El entonces diputado Gabriel Boric rindió homenaje en su momento al mismo Hernández Norambuena y a su "legado", se reunió en París con el otro asesino de Guzmán, Palma Salamanca, junto a otra parlamentaria, se fotografió con una polera con el rostro baleado del senador y luego la diputada Santibáñez se refirió al crimen: "Bien muerto el perro". Durante la anomia de 2019, Boric cubría la violencia de "protesta social" y varios de sus parlamentarios la justificaban: "Cómo quieren que no lo quememos todo", manifestaba la entonces diputada Catalina Pérez.
Esos mismos parlamentarios se opusieron a toda norma que buscó frenar la violencia en las calles que fueron duramente azotadas por el octubrismo.
Tras este derrotero de violencia verbal contra la figura de Jaime Guzmán, no sorprende que, desde hace algunos años, inaugurado por el exfrentista Rafael Escorza, se haya instalado referirse a su crimen como "ajusticiamiento" o que la tumba del exsenador se vandalice todos los años a vista y presencia de todo el mundo.
Todos estos episodios, por lamentables que sean para el país, dan cuenta de que la trayectoria política de la izquierda que nos gobierna es inseparable de su relación con la violencia política. Hoy, ese vínculo se expresa en el apoyo soterrado al indulto de Hernández Norambuena. Esta vez, con recursos de todos los chilenos y bajo el supuesto imaginario de la victimización de un terrorista.
Es así que, más allá de lo inaceptable que resulte, no debiese sorprender a nadie que este gobierno patrocine y auspicie reconocimientos a terroristas. El pasado constituye identidad. Cualquier explicación posterior que intente justificar lo injustificable, será música.
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