"Post mortem" del proceso constituyente y el futuro sociopolítico de Chile

Víctor Yáñez Pereira

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Recordar el fracaso del proceso constituyente en Chile, marcado por la derrota del segundo proyecto de nueva Constitución en el plebiscito de septiembre de 2022, me lleva a pensar sobre la legitimidad democrática y la crisis institucional que atraviesa el país. Este resultado no debe ser interpretado únicamente como un rechazo al texto en sí, pues revela un amplio descontento nacional y, a la vez, deja al descubierto las fracturas sociales y políticas que caracterizan a nuestra sociedad, acentuadas por las dinámicas partidistas. Tengamos presente que a medida que el país avanza, la adaptabilidad y respuesta estatal a las exigencias ciudadanas será crucial. Entonces, ¿qué dejó el doble fracaso constitucional? y, más importante aún, ¿ahora qué debemos esperar?

En primer lugar, me parece que la molestia nacional muestra una falta generalizada en la política, las instituciones y la forma en que se han abordado las demandas sociales, trayendo una más acentuada "desafección política" en las ciudadanías, pues sienten que sus voces no son adecuadamente escuchadas. Por eso, el proceso constituyente, que surgió con la ilusión de construir un marco normativo más inclusivo y participativo, terminó siendo percibido como una oportunidad perdida, a no lograra conectar con las reclamaciones reales de la población, acrecentadas a lo largo de los últimos años.

En segundo término, la crisis de legitimidad que sigue a este fracaso es, en gran medida, un síntoma a la falta de calidad democrática para responder a los problemas públicos, vividos cotidianamente por nuestros territorios y ciudadanías. La falta de consenso sociopolítico y una agenda común que favorezcan la capacidad de respuesta del Estado, han exacerbado las tendencias a una fuerte fractura, polarización y fragmentación sociopolítica. Por lo tanto, ¿cuáles son los caminos por seguir?, me parece que hay que partir por el debate ampliado, sobre posibles reformas que involucren, también, una contundente y crítica revisión de la cultura y prácticas políticas, así como sobre el sentido con que se construyen los proyectos éticos nacionales, las políticas públicas y los nuevos escenarios de participación para ciudadanías más reflexivas, deliberativas e incidentes en la formulación de soluciones a sus demandas.

Me refiero a que forjar un nuevo pacto social, ético y político debe ser un proceso inclusivo, capaz de reconocer y validar la pluralidad de perspectivas, opiniones y opciones que cualifican los modos de vida diversos en la sociedad chilena. Visto así, el post morten constituyente ha de ser concebido como punto de partida a un diálogo abierto, consistente y constante sobre el futuro de Chile, para el fortalecimiento en la trasparencia institucional y la reinvención de lo público, que ayuden a superar las actuales crisis de representatividad, la falta de conexión entre la élite política y las ciudadanías, así como el resentimiento y las heridas sociales, a través de un compromiso genuino con una cada vez más robusta democracia, que garantice la equidad, la justicia social y el resguardo a derechos humanos y fundamentales.