Coescrita con Pablo Ortiz, investigador asociado Centro Democracia y Comunidad (CDC)
El presidente Trump vuelve a mover el tablero mundial. Esta vez, la zona elegida fue nuestro propio vecindario. Las operaciones implementadas por Estados Unidos en el Caribe y en las cercanías de Venezuela culminaron en la madrugada del sábado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. América Latina despertó con la imagen del dictador venezolano apresado y trasladado a territorio norteamericano.
La captura de Maduro es un símbolo que confirma el abandono definitivo de un orden internacional basado en normas, instituciones y consensos multilaterales, para dar paso a una lógica de poder centrada en la fuerza y en la primacía de los intereses nacionales.
En los hechos, la política de Trump implica asumir que la soberanía deja de ser un principio inviolable del sistema internacional para convertirse en una variable subordinada a los intereses de la potencia dominante.
¿Cómo se comprende este cambio en la política exterior norteamericana? Para ello debemos remitirnos a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada recientemente. El nombre de esta estrategia es decidor: "América Soberana". En términos simples, se produjo un giro desde el multilateralismo, la promoción de la democracia y la cooperación internacional, hacia una perspectiva en la que el poder material, el control territorial y el acceso a recursos estratégicos constituyen los ejes centrales de la seguridad nacional.
Se ha señalado que estamos frente a una revalidación de la Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense, James Monroe. Recordemos que dicha doctrina nació como una advertencia contra el colonialismo europeo, pero evolucionó hacia un instrumento de hegemonía de Estados Unidos en el continente. Durante largo tiempo, esta doctrina orientó la política exterior norteamericana. Su idea central fue establecer una línea divisoria entre Europa y América, declarando que el continente americano no debía ser objeto de nuevas colonizaciones ni intervenciones europeas. Su consigna lo resume todo: "América para los americanos".
Bajo la segunda administración de Trump se están reeditando estos preceptos, y su versión contemporánea sostiene que Estados Unidos no solo impedirá la injerencia de potencias extrahemisféricas, sino que intervendrá activamente para "sanear" América Latina y el Caribe de influencias consideradas hostiles. Esta reformulación de la política de seguridad define al hemisferio occidental como la principal prioridad estratégica de Washington. En consecuencia, América Latina deja de ser un espacio periférico para convertirse en un escenario central de competencia geopolítica, particularmente frente a la creciente presencia económica, tecnológica y militar de China y Rusia.
Con este nuevo paradigma de seguridad, Venezuela pasó a ser considerada por Trump como una amenaza a la seguridad regional. El gobierno chavista se transformó en un régimen autoritario que promovió un modelo político contrario a los intereses de Estados Unidos. Se argumentó que el régimen de Maduro se había convertido en un aliado estratégico de Rusia, China e Irán, y que además cumplía un rol clave en la operación de redes transnacionales de narcotráfico. Todo ello entraba en contradicción con la nueva doctrina de contención geopolítica estadounidense. Sin embargo, el elemento más relevante ha sido el control del petróleo como eje central de la acción. En este juego de poder, el manejo de los recursos energéticos es un factor estructural decisivo. Con esta operación, Estados Unidos intenta reconfigurar el acceso energético en el hemisferio.
¿Y Chile? La posición chilena frente a la Doctrina Monroe se ha basado históricamente en la idea de la autonomía estratégica. Desde el siglo XIX, la política exterior chilena se ha caracterizado por una defensa estricta de la soberanía, el derecho internacional y el equilibrio de poder.
Bajo estos principios de convivencia internacional, Chile ha privilegiado los tratados, la diplomacia y la resolución pacífica de controversias; la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; y el multilateralismo, entendido como la preferencia por organismos internacionales -como la ONU, la OEA o la CIJ- por sobre acciones unilaterales. Todo ello sustentado en la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados como elementos fundantes. En síntesis, Chile ha guiado su política exterior sobre la base del derecho internacional, la no intervención y el multilateralismo, principios que continúan marcando su accionar diplomático hasta hoy.
Por lo tanto, para un país como Chile resulta fundamental preservar su autonomía estratégica, es decir, mantener relaciones pragmáticas con las grandes potencias, sin alineamientos automáticos. Si se aceptara la doctrina de Trump, surgen preguntas inevitables: ¿Qué ocurriría con nuestra relación con China? ¿Nos olvidaríamos de nuestro vínculo histórico con Europa? ¿Renunciaríamos a relacionarnos con países de otros hemisferios?
En este contexto, vale la pena recordar la reflexión de Diego Portales, quien advirtió tempranamente sobre el riesgo de "sustituir una dominación por otra", subrayando que "las grandes potencias actúan siempre en función de sus propios intereses". Es evidente que la operación en Venezuela tiene efectos globales que trascienden el ámbito regional. Se trata de una cuestión mayor. Las preguntas que plantea esta nueva doctrina son evidentes: ¿Cómo se gobernará el mundo?, ¿cómo se resolverán las controversias? ¿La ley del más fuerte reemplazará al diálogo y a la autodeterminación de los Estados?
En el fondo, debemos tener claridad en que, al legitimar la intervención por razones de seguridad nacional, Estados Unidos abre la puerta para que Rusia y China invoquen argumentos similares en escenarios como Ucrania o Taiwán. Esta lógica de conceder zonas de influencia exclusivas debilita el rol de Naciones Unidas como árbitro del sistema internacional y acelera la fragmentación del orden global.
Todo indica que estamos ante la construcción de un nuevo orden mundial, o al menos frente a una etapa de retroceso en la libertad y autonomía de los Estados. La racionalidad del derecho está siendo subordinada a los intereses y objetivos estratégicos de las grandes potencias. ¿Es ese el camino que queremos como país? Finalmente, en los próximos días veremos si al presidente Trump realmente le importa la democracia y la libertad en Venezuela, o si su interés se limita al petróleo y a la influencia geopolítica. Aunque, por ahora, las señales parecen preocupantemente evidentes.
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