La inclusión: educación pública versus privada

Sofía Villavicencio

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En los últimos 10 años en Chile ha habido varias políticas que han contribuido a la inclusión. Eso es un hecho. El SAE (Sistema de Admisión Escolar) es una iniciativa que favoreció tremendamente a las personas con discapacidad visual, permitiendo que niños, niñas y adolescentes ciegos y con baja visión, puedan postular en igualdad de condiciones a cualquier colegio estatal o subvencionado, sin ser segregados o discriminados. Sin embargo, claro, es perfectible porque funciona solo hasta 4° medio, excluyendo a todas las personas adultas con discapacidad que quieren continuar o retomar sus estudios en colegios vespertinos o Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA).

Los colegios pagados en Chile, aunque no funcionan con SAE, igualmente están sometidos a la Ley 21.544 que vela por la inclusión escolar para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Sin embargo, cuando se enfrentan a este tipo de matrículas, responsabilizan la contratación de profesionales de apoyo a la familia, aun cuando ya se encuentran pagando una colegiatura que, en ningún caso, es barata. ¿Cómo es posible que estos colegios particulares que cobran altos aranceles no puedan financiar un departamento de inclusión propio, donde se pueda capacitar al entorno y así recibir a estudiantes con discapacidad?

Y es que no todo puede ser lucro. Sí, hay falta de voluntad por parte de los establecimientos, pero también falta una socioeducación de las familias respecto a sus derechos y las exigencias que pueden y deben hacer. El miedo a perder un cupo no puede ser razón para no denunciar la discriminación grave que están sufriendo sus hijos ante la Superintendencia de Educación. Este miedo también se proyecta a probar algo distinto: la educación con aportes del Estado. Y así como a muchos les sorprende la excelencia y calidad humana que existe en la salud pública, en la educación pública sucede algo similar. Específicamente en la inclusión funciona de mejor manera porque, al recibir subvención del Estado, tiene mayor supervisión del cumplimiento de las leyes de inclusión.

En Fundación Luz permanentemente acompañamos a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad visual que ingresan a diferentes colegios regulares con o sin PIE. Estamos llevando a cabo un modelo de transición pionero, que da continuidad a la trayectoria educativa y laboral de las personas ciegas y con baja visión, con el objetivo de que su educación no se vea truncada, y que al contrario, sean incluidos, independientes, autónomos, logrando al máximo su desarrollo y aprendizaje. Este acompañamiento abarca a la persona con discapacidad visual y su familia, y también a todo su entorno: colegios, universidades, empresas, a quienes formamos por medio de capacitaciones, charlas y asesoramiento.

Nuestra experiencia capacitando y formando a equipos educativos de los diferentes colegios ha sido un desafío complejo, pero estamos convencidos que es el camino correcto para avanzar en un sistema educativo más inclusivo. Requiere sin duda un compromiso por la accesibilidad real de todo el equipo del establecimiento, desde la dirección hasta los docentes. Se hace primordial, además, la relación intersectorial de parte de las entidades públicas, con el fin de resolver los desafíos referentes a salud, desarrollo social y educación.

Más allá de los establecimientos y el Estado, los valores como inclusión, diversidad y aceptación que cada familia en particular entrega a sus hijos es clave. Esa es la base del cambio y de la apertura de mente para pensar políticas públicas reales, sin vacíos; y sobre todo, valorar a las personas con discapacidad y todo lo que pueden aportar desde su resiliencia y forma de ver el mundo. Eso hará finalmente una sociedad más diversa, rica e inclusiva para todos.