Las universidades del Estado y la Ley de Presupuesto: no dejar pasar la oportunidad

Marisol Durán Santis

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Se ha transformado en un convencimiento ampliamente compartido que la educación en general, y la superior en particular, es clave para el progreso de la sociedad y que, por tanto, la destinación de recursos públicos a su fortalecimiento es una inversión y no un gasto. Ese fue el enfoque de la propuesta programática del actual Gobierno, que generó un clima de optimismo generalizado en los actores de la educación chilena y en el país en su conjunto. Entre otras cosas, era el compromiso de que el Estado se haría cargo de sus universidades.

Después de todo, las demandas en torno a esta materia fueron el eje vertebrador de las expresiones colectivas que originaron las demandas nacionales más extendidas por cambios profundos. Tampoco puede olvidarse que, según la encuesta CEP, las universidades son las instituciones que mayor confianza generan en la población.

En este contexto, se ha instalado la discusión en torno al proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2023 y, en verdad, al interior de las universidades del Estado existe una enorme preocupación. Pareciera que no se ha asumido la profundidad de los problemas que hoy enfrentan estas instituciones y el negativo impacto para toda la sociedad que significaría dejar pasar la oportunidad de histórica de avanzar en superar ese cuadro.

No estamos exagerando. Todos los datos empíricos muestran la existencia de un escenario de alta complejidad en la gestión financiera para el sistema universitario estatal. Ello es el resultado combinado de las condiciones económicas actuales, con el nivel de inflación que se conoce, la restricción de uso de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), costos crecientes en la implementación de normativas (como el Artículo 48 de la Ley 21.094, entre otros) y la imposibilidad de endeudamiento con garantía estatal, entre otras variables. A ello se suma la fragilidad de la recomposición financiera post-pandemia de parte de las casas de estudios.

Las universidades del Estado son responsables. Han planteado que es posible construir un camino de soluciones en base a medidas que no requieren necesariamente un aumento de recursos en las líneas presupuestarias. Solo necesitan voluntad política.

Una de las medidas que pudieran ser incorporadas en el proyecto de Ley de Presupuestos es el mencionado uso de recursos de excedente del FSCU. A partir de 2020, en el marco de la grave crisis financiera derivada de la pandemia, las universidades propietarias de Fondos Solidarios de Crédito Universitario contaron con autorización especial para usar un porcentaje de los excedentes de recuperación de esos créditos. Si bien los gastos derivados de la pandemia se han reducido, no ocurre lo mismo con los detrimentos financieros que experimentan las universidades estatales como consecuencia de la implementación de la gratuidad, y los mayores gastos que impone a las instituciones.

La mayor parte de las universidades del Estado todavía cuenta con recursos derivados de la recuperación de los créditos correspondientes al Fondo Solidario, por lo que sería viable que se ampliara la autorización para el uso de estos recursos, al menos en 50 por ciento de los excedentes acumulados, y con la mayor flexibilidad posible en los usos autorizados para estos recursos.

Por otro lado, a partir de ley sobre Presupuestos del sector público para el 2021 se amplió la autorización de endeudamiento a largo plazo otorgado a las universidades públicas, permitiendo que los créditos contratados puedan tener por objeto no sólo el desarrollo de proyectos de inversión, sino que además el financiamiento de pasivos, así como de capital de trabajo y remuneraciones.

Sin embargo, el impacto positivo de aquello fue menoscabado por la interpretación que la Contraloría General de la República efectuó sobre la mencionada norma, asumiendo que la autorización del Ministerio de Hacienda, que dicha norma prescribe, también constituye un requisito para las deudas de corto plazo. En este sentido, pensamos que es indispensable especificar que no se requiere esa visación de Hacienda respecto de aquellos empréstitos regulados en leyes especiales (como la ley de incentivo al retiro) o cuya duración no exceda el período presidencial respectivo.

Otra materia especialmente relevante es disponer el pago prioritario de las deudas por las licencias médicas. Como es conocido, según lo establecido en el Artículo 111 del Estatuto Administrativo, los trabajadores del sector público que hagan uso de licencia médica tienen derecho a que el empleador pague el total de sus remuneraciones, asistiendo al empleador el derecho de percibir los correspondientes reembolsos de licencias médicas ya pagadas, solicitándolo al Seremi de Salud correspondiente.

Aunque parezca insólito, desde 2017 los reembolsos no han llegado a las universidades. Las deudas acumuladas por este concepto, al pasado 30 de septiembre, ascienden a la suma de MM$ 29.971. Es de toda justicia que se establezca una especial consideración y priorización para el pago de lo adeudado a las universidades estatales, atendido que estas instituciones, a diferencia del resto del Estado, tienen que financiar su operación con cargo a sus propios presupuestos.

Existen otras materias respecto de las que no se requieren ajustes a la ley de Presupuestos, pero si un compromiso explícito del Ejecutivo, el que podría ser logrado en el contexto de la tramitación de esta ley a través de un protocolo suscrito con los parlamentarios.

Una de ellas es el endeudamiento a largo plazo con garantía del Estado, lo que sería clave para enfrentar graves problemas de las universidades como su bajo financiamiento público, infraestructura e inversiones desactualizadas, un capital de trabajo muy bajo o negativo y, además, una parte con niveles de endeudamiento inferior a sus posibilidades.

El proyecto de Ley de Presupuestos, en su Artículo 2°, establece que el Presidente podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan las empresas y universidades estatales, hasta por la cantidad total de US$ 500.000.000. Esta facultad se ha mantenido en la ley de los últimos años. Pero nunca ha sido ejecutada por el Estado en favor de las universidades. Es necesario que el Estado defina una línea de financiamiento con garantía estatal en favor de sus universidades, de forma que puedan refinanciar su actual deuda, o adquirir nuevos empréstitos en condiciones más favorables, y sin tener que sobre garantizar los créditos con su patrimonio inmobiliario, como hoy sucede.

Se ha dicho que solo hay tres cosas que no pueden volver atrás: las flechas, las palabras y las oportunidades perdidas. Pensamos que esta es una oportunidad que no debiera dejar pasar la autoridad en el sentido de enviar una señal potente de su prioridad por fortalecer las universidades del Estado, como componente inequívoco de su vocación por invertir en la educación pública como clave del progreso social de Chile.