Lluvias, inundaciones y la alimentación escolar
Las intensas lluvias e inundaciones que han afectado a diversas zonas de Chile en las últimas semanas no solo han provocado daños visibles en infraestructura, viviendas y vías de comunicación; también han puesto en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades enteras y han tensionado una cadena de producción y abastecimiento ya de por sí vulnerable. La agricultura sufrió pérdidas de cultivos, golpeando especialmente a pequeños y medianos productores, lo que no tan solo afecta la producción, sino que adicionalmente pone en riesgo los medios y modos de vida de las comunidades locales.
De igual forma, caminos rurales anegados impidieron el traslado de insumos y la salida de cosechas hacia centros de acopio y mercados, mientras que la infraestructura logística, tales como almacenes, frigoríficos y centros de distribución, quedó, en algunos casos, dañada o inaccesible.
Todo ello podría traducirse en una menor oferta y en aumento de costos en los alimentos básicos, con efectos distributivos que suelen afectar con mayor fuerza a hogares de menores ingresos y a zonas más aisladas.
Víctimas de todo lo anterior son también los niños y niñas de orígenes más vulnerables. Las cancelaciones de clases en diferentes regiones y comunas del país produjeron interrupciones relevantes en la alimentación escolar de la que dependen las familias de menores ingresos. Incluso en escuelas que posteriormente volvieron a clases, igualmente no pudieron hacer entrega de raciones alimentarias debido a la turbiedad del agua. Un ejemplo de esto es el Liceo Industrial de Coquimbo.
En este sentido, y a la luz de la discusión política reciente en torno a su relevancia, cabe destacar el rol de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que puso en marcha un servicio de alimentación en distintos albergues, el que pretendió ayudar a subsanar el problema. Este sistema, el que probablemente opera de forma subóptima y que sin duda pudiera ser mejorado, demuestra la relevancia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de su rol social y nutricional decisivo: para muchos niños y niñas constituye una porción significativa de su ingesta diaria de calorías y nutrientes, pudiendo incluso ser la única.
Si bien es cierto que estudiantes de mayores ingresos pueden en toda circunstancia "comerse el sándwich que les preparan en la casa", muchos niños y niñas vulnerables dependen fuertemente del programa. En tal sentido, el PAE representa un mecanismo de justicia social, indispensable para las familias más pobres del país. Y ante la crisis climática vivida, queda claramente de manifiesto su rol social y de equidad, el que no podría haber sido puesto en marcha, en el tiempo récord que se hizo, si las bases para su funcionamiento no hubiesen estado ya disponibles.
Si bien este tipo de fenómenos resultan puntuales y acotados (afortunadamente), la clave para la gestión apropiada de desastres es la preparación y planificación ex ante. Contar con un programa de alimentación escolar fuerte y eficiente resulta, en tal sentido, clave para garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable en todo momento, pero adicionalmente fundamental para responder a las crisis cuando estas se presentan. Es de esperar que, para la próxima inundación, las que son cada vez más recurrentes a raíz del cambio climático, estemos igual de preparados que ahora y no estemos lamentando el haber terminado con un programa que es a todas luces exitoso, a razón de que quizás algunos estudiantes no se comen toda la comida en el colegio.
Las lluvias y sus consecuencias climáticas ponen de manifiesto la necesidad de políticas resilientes: no basta con responder a la emergencia, hay que anticipar y acotar sus efectos sobre la alimentación, especialmente de la infancia. Garantizar que la escuela siga siendo un espacio que aporte alimentación adecuada, aun en tiempos de crisis, es una inversión en salud, aprendizaje y equidad. Si el país quiere mitigar los impactos sociales de estos desastres, debe actuar con rapidez y con un enfoque integral que proteja tanto la producción como el derecho a la alimentación de quienes más dependen de los servicios públicos.