Las buenas noticias se celebran. Hace algunos días el Ministerio de Educación informaba que la desvinculación escolar ha bajado de 1,7% a 1,3% entre 2024 y 2025, la cifra más baja desde que existen registros. Esta es una señal alentadora. Demuestra que las políticas públicas, los programas de retención y revinculación educativa y los esfuerzos sostenidos de articulación entre Estado, escuelas y organizaciones de la sociedad civil están dando resultados. Este avance alimenta la esperanza de que Chile puede seguir reduciendo las brechas que la exclusión educativa ha dejado por años en miles de jóvenes.
Pero esta noticia habla de quienes están, de quienes lograron permanecer en el sistema educativo. Falta mirar -y con urgencia- a quienes no están. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en 2022 había unos 227.000 niños, niñas y jóvenes fuera del sistema escolar, 40.000 más que en 2020. Es una cifra que nos recuerda que, aunque los avances existen, la exclusión sigue siendo una herida abierta. Y ni siquiera tenemos una actualización precisa que nos diga cuántos siguen fuera.
Contar con información actualizada, transparente y territorialmente desagregada es esencial. No podemos diseñar políticas efectivas si no sabemos con certeza a cuántos jóvenes debemos llegar ni dónde están. Tampoco, si carecemos de profesionales en el territorio y en las escuelas preocupados de la revinculación de niños, niñas y jóvenes. La recuperación de trayectorias educativas requiere un sistema sólido de medición, monitoreo y reingreso, capaz de anticipar los riesgos antes de que la exclusión ocurra o se profundice.
El descenso en la tasa de abandono es un logro significativo, pero no debe hacernos bajar la guardia. Cada punto porcentual representa miles de vidas, y detrás de cada vida hay una historia de esfuerzo y vulnerabilidad. Consolidar y profundizar estos avances requiere mantener e incluso intensificar el compromiso institucional. Necesitamos fortalecer las políticas que han demostrado impacto, apoyar la innovación educativa en contextos vulnerables y garantizar que los programas de revinculación, reinserción y reingreso educativo no dependa solo de la voluntad de unos pocos, sino que sean parte de una política pública sostenida y de largo plazo.
Para esto, requerimos señales contundentes desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que aseguren un financiamiento adecuado y estable en estas materias, tanto en el marco de la discusión de la ley de presupuesto 2026 como en la tramitación del proyecto de ley que financia la modalidad de reingreso.
En Fundación Súmate trabajamos desde hace más de tres décadas por los que aún no están. Lo hacemos a través de tres escuelas, aulas y programas de reingreso. Buscamos que los jóvenes vuelvan a estudiar, pero además entendemos y abordamos las causas que los llevaron a salir del sistema. Porque detrás de cada trayectoria interrumpida hay pobreza, violencia, abandono, consumo problemático, dificultades de aprendizaje y, muchas veces, desesperanza.
Celebramos los avances porque son señales de esperanza, pero sabemos que aún queda mucho por hacer. Que la cifra más baja de desvinculación escolar en nuestra historia reciente no oculte la urgencia de mirar a quienes todavía esperan una oportunidad. No podemos conformarnos mientras existan jóvenes sin escuela, sin red, sin proyectos de futuro.
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