Pena de prestación de servicios a la comunidad, desafío en la Universidad de Los Lagos
Recientemente, la Universidad de Los Lagos y Gendarmería de Chile han firmado un convenio de colaboración como un marco de cooperación mutua para la generación de condiciones que permitan la implementación y posterior ejecución de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. En este convenio, la universidad se compromete a ofrecer plazas de servicios voluntarios y no remunerados a Gendarmería, que las destinará a las personas que deben cumplir la sanción penal impuesta, realizando actividades que beneficien a la comunidad o a personas en situación de precariedad.
El potencial del cumplimiento de penas remitidas en trabajo comunitario en el ámbito universitario representa una alternativa prometedora a las sanciones tradicionales, como la privación de libertad, especialmente para delitos menores o infracciones cometidas por jóvenes. Esta aproximación combina objetivos de reinserción social, educación y servicio a la comunidad, aprovechando el entorno académico como un espacio de transformación y aprendizaje. Más allá de las formalidades, este convenio conlleva una gran capacidad para lograr mayores niveles de vinculación de la universidad con un actor no tradicional y de baja visibilidad en el territorio, pero cargado de un sesgo de discriminación social.
Una relación de esta naturaleza tendrá, sin duda, un impacto positivo en la comunidad universitaria, ya que no solo se acogerá a infractores que podrán mantener sus vínculos sociales y eventualmente académicos mientras cumplen sus penas, lo que podría reducir la reincidencia y, a la vez, fomentar la adquisición de habilidades blandas como la empatía, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Además, se podrán desarrollar habilidades de carácter técnico, por ejemplo, al participar en proyectos de impacto social.
Otros impactos positivos que se pueden esperar se originarán en iniciativas de acogida que puedan desarrollarse, por ejemplo, en el marco de la creación de proyectos de servicio comunitario, logrados a través de la implementación de tutorías a grupos vulnerables, mantenimiento de espacios verdes y apoyo en bibliotecas. Esto, indudablemente, enriquecerá la misión de la universidad, fortaleciendo su responsabilidad social y su relación con el entorno. También se podrían esperar efectos sobre el sistema carcelario, como la reducción de la sobrepoblación y los costos asociados, desviando casos de baja peligrosidad hacia sanciones que se alinean con modelos de justicia restaurativa, donde la reparación del daño a la comunidad es central. Adicionalmente, es una oportunidad para que la universidad pueda crear programas interdisciplinarios (derecho, psicología, trabajo social) para supervisar y evaluar el cumplimiento de estas penas, convirtiéndose en un laboratorio de innovación social.
Entre las consideraciones que es necesario contemplar está la previsión de estigmatizaciones y exclusiones dentro de la comunidad universitaria, lo que implica evaluar el perfil de elegibilidad de los infractores (por ejemplo, faltas y delitos leves) para garantizar recepciones acogedoras y claras, así como la asignación de personal previamente preparado. Además, se pueden implementar programas específicos como alfabetización digital y apoyo tecnológico a comunidades; integrar componentes educativos como talleres de derechos humanos y resolución de conflictos como parte de la sanción; y establecer métricas de éxito, como tasas de reincidencia, impacto comunitario y satisfacción de los participantes.
En definitiva, constituye una oportunidad para diseñar un modelo pertinente, considerando la evidencia de ejemplos inspiradores, como las experiencias de la Universidad de Barcelona, que involucra a jóvenes infractores en tareas de apoyo en proyectos sociales, o el programa "University-Based Community Service", donde universidades norteamericanas vinculan a jóvenes con penas judiciales en labores de mentoría o ambientalismo, bajo supervisión académica.
El potencial de este convenio para que la ejecución de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, remitida en trabajo comunitario en la universidad, puede ser el germen de la construcción de un programa de vinculación con el medio que aborde los desafíos legales, logísticos y sociales, y que se constituya en una alternativa que no solo humaniza el sistema de justicia, sino que fortalece el rol de la universidad como agente de cambio social.
Una implementación cuidadosa, con evaluación continua, puede convertir esta medida en un pilar para la justicia restaurativa en el ámbito educativo y en el fortalecimiento de la vinculación de la universidad con un sector estigmatizado y ansioso de oportunidades para la reinserción de ciudadanos que han incurrido en faltas o infracciones a la convivencia social.
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