Reforma educacional, mucho ruido y pocas nueces

Hemos visto desde que se presentó el proyecto de ley de educación superior por parte del ejecutivo, diversas reacciones desde el ámbito universitario: el presidente del CUECH Ennio Vivaldi calificándolo como paupérrimo, asociaciones de funcionarios y académicos manifestando sus críticas en el parlamento, la CONFECH rechazando en forma y fondo el proyecto presentado, en definitiva todos los actores involucrados se oponen el contenido de la propuesta del gobierno, pero no a una reforma.

El problema se presenta cuando son también los defensores de la educación de mercado, de las universidades-empresa quienes rechazan “la reforma”, encubriendo sus argumentos con preocupación por los más pobres que estudian en las universidades privadas. La disputa se abre entonces por el futuro de la educación superior chilena, con los defensores del lucro y la educación privada versus los que estamos por la educación pública.

Hemos visto a personajes como Andrés Benítez, Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, hacer defensas corporativas de las universidades privadas y su supuesta vocación de servicio público, ¡falacias! Porque son universidades cuyo único afán es lucrar o, en el mejor de los casos, reproducir una élite intelectual funcional al neoliberalismo.

Más allá de esta disputa, lo cierto entonces, es que no hay reforma educacional en Chile, no porque el movimiento social por la educación y la ciudadanía no quiera cambios, sino porque el proyecto de ley como tal no constituye una reforma, es más, son solo ajustes que consolidan un modelo privatizador que abandona la educación pública a merced de la competencia y el mercado.

El Estado debe asumir su rol garante de la educación, permitiendo incluso a universidades no-estatales entrar en un sistema nacional de educación pública, articulado y con fines definidos democráticamente por la comunidad universitaria, en conjunto a consejos ciudadanos.

El Estado con la plata de todos los chilenos, del dinero recaudado de impuestos, no puede estar financiando proyectos privados que en su mayoría tienen afán lucrativo como el grupo Laureate.

Es por eso, que el mensaje del movimiento social por la educación pública debe quedar claro hacia la ciudadanía: sí queremos reforma, pero lo entregado por el gobierno no alcanza para eso.

Chile necesita una reforma estructural que tenga como horizonte un nuevo sistema de educación pública, que contenga cuatro pilares esenciales.

Que fortalezca la educación pública en todos sus niveles.

Establezca un marco regulatorio, como medida transicional a un nuevo sistema público, a las universidades privadas.

Un nuevo sistema de financiamiento basal que asegure condiciones para el desarrollo de los proyectos universitarios y gratuidad universal; fin al CAE y al endeudamiento con la banca privada

Democratización en los gobiernos universitarios y de la comunidad con las instituciones de educación superior

Al menos estos cuatro ejes son los que permitirán una reforma sustantiva a la educación chilena, lo demás es mucho ruido y pocas nueces.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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