SAE: las buenas reformas se juegan en los detalles
Tras la discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, no queda duda de que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) presenta dificultades importantes y que su diseño requiere cambios. El principal es que el azar opera como factor de asignación: hoy, en un establecimiento sobredemandado, una vez aplicados los criterios de priorización que establece la ley, el cupo se define por sorteo. Nada de lo que vincula al estudiante con el colegio -su trayectoria, su desempeño o su afinidad con el proyecto educativo- se considera. El proyecto del Ejecutivo se hace cargo de este problema y permite avances importantes. Sin embargo, hay cuatro aspectos donde el texto admite perfeccionamientos que definen cuánto del problema alcanza a resolver.
El primero, y más importante, es el azar y la definición de sobredemanda. En el último proceso, el 60,1% de los estudiantes asignados a un establecimiento sobredemandado no cumplía ningún criterio de priorización y obtuvo su cupo por sorteo. Para una familia, eso significa que la decisión educativa más importante de la trayectoria de un hijo se resuelve por un número aleatorio. El proyecto aborda esto mediante la elección mutua en colegios con más postulantes que vacantes, pero no define qué se entiende por sobredemanda, y ahí se juega el alcance real de la reforma: si se mide en el agregado del establecimiento, el mecanismo llega a 2.510 colegios; si se mide por nivel -lo que sería al menos un nivel con más postulantes que vacantes-, a 4.411. Bajo la definición agregada, casi dos mil instituciones seguirían sorteando sus cursos más demandados. La definición no puede quedar entregada al reglamento: tiene que estar en la ley y debe ser por nivel.
El segundo es el mecanismo aleatorio, que podría seguir operando en buena parte del sistema. Habrá colegios que no puedan implementar la elección mutua -por gestión o costos- aunque tengan sobredemanda y otros que no la registraron el año anterior, aunque sí la tengan en el actual. Para todos ellos, la asignación se resolverá mayormente por sorteo, tal como hoy. Si el objetivo es disminuir el peso del azar, criterios como el rendimiento académico deben incorporarse también en la priorización de este mecanismo, permitiendo además que cada establecimiento los ordene en coherencia con su proyecto educativo.
El tercero es la continuidad de las trayectorias educativas. Algunos colegios no imparten todos los cursos y su sostenedor cuenta con otro establecimiento, en la misma comuna, donde sus estudiantes podrían continuar. El SAE no reconoce ese vínculo: al tratarse de instituciones con identificador distinto, el alumno llega como un postulante sin historia. Se identifican 134 colegios particulares subvencionados en esa situación, donde familias que llevan años con un sostenedor, y quieren que sus hijos continúen con él, no son consideradas. El proyecto permite reconocer ese vínculo, pero nuevamente solo en la elección mutua, de modo que en el mecanismo aleatorio este criterio tampoco existe.
El cuarto es el de los estudiantes expulsados. Hoy un alumno al que se le canceló la matrícula por afectar gravemente la convivencia escolar puede ser asignado nuevamente, al año siguiente, al mismo establecimiento del que fue separado. La Superintendencia de Educación abordó esta situación en su dictamen 71 de 2024, concluyendo que los directores están habilitados para oponerse a matricularlos por períodos acotados. Pero es una solución que opera después de la asignación y por vía interpretativa, sin el rango de una norma legal. Corresponde incorporar entonces este criterio como regla general aplicable a todo el proceso de admisión. La situación actual no beneficia a nadie: la institución debe hacer valer por su cuenta una medida que la ley lo faculta a adoptar, y tanto la comunidad educativa como el estudiante enfrentan una reincorporación que ningún proceso previo preparó. Llevar a la ley lo que la superintendencia ya señaló no debilita la reforma, le da consistencia.
Estos puntos van en la misma dirección: el objetivo compartido de disminuir el peso del azar en la asignación escolar, devolver capacidad de decisión a los establecimientos educacionales y que las características de cada estudiante y su familia vuelvan a ser consideradas en el proceso de admisión. En eso, el proyecto representa un avance considerable respecto del sistema vigente. Pero cuánto se logre efectivamente no dependerá de su orientación, sino de definiciones que hoy están abiertas y que suelen pasar inadvertidas en la discusión pública. Las buenas reformas se juegan en detalles como estos. Hay estadísticas suficientes sobre cada uno de estos puntos, y un trámite legislativo en curso que permite resolverlos bien.