Un siglo en el camino del alfabetismo...hoy se suman otros desafíos

Sebastián Jans Pérez

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A través de la historia social, política y moral de nuestro país, hay pocos eventos que hayan tenido una significación tan relevante, para la superación de la marginalidad y la postergación de los niños, y en la comprensión igualitaria del Estado de Chile, como lo fue la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, el 26 de agosto de 1920.

Lo que estableció aquel hito legal fue el deber del Estado de dar acceso gratuito a las escuelas a todos los niños y velar por la calidad y el alcance mínimo a que tenía derecho cada educando en ese proceso.

Es a partir de ese momento en que se empieza a materializar de manera concreta, el modelo de Estado Docente que permitiría avances significativos, en medio de un país con grandes carencias de recursos, para financiar el esfuerzo educacional necesario para progresar en su desarrollo.

Uno de los aspectos fundamentales de ese proceso fue la participación de los maestros en los diseños y alcances de su implementación, la que se dio de modo determinante a través de la escuela pública y con colaboradores privados.

La promulgación de la ley se produjo en un escenario dramático, cuando el país vivía circunstancias convulsas, producto de la vasta crisis social y económica provocada luego de la reducción de las ventas del salitre, cuyas exportaciones cayeron estrepitosamente en volumen y precio, mientras las importaciones se encarecieron significativamente. Ello produjo una crisis social enorme, y los mítines del hambre se multiplicaron por el país, trayendo consecuencias en la paz social.

Ello se vio gravemente incrementado por la pandemia de la fiebre española, que produjo en 1919 más de 20.000 muertes, en un país con una población de 3 millones 700 mil habitantes, es decir, ese año murió más del 0,6% de la población y, en los cuatro años de pandemia, la mortalidad fue en torno al 1% de los habitantes censados en 1920.

Aun en medio de esas condiciones complejas, hubo lucidez para dar aprobación a una ley que, en los objetivos educacionales, tuvo un impacto enorme para el país, venciendo poderosos obstáculos, que se expresaban en todos los ámbitos.

Desde aquellos que se oponían en las élites a aprobarla en el parlamento por considerarla innecesaria, hasta los padres de los niños pobres, que también afirmaban lo mismo, por otras razones.

La historiografía social y educacional, y los archivos del Congreso, agregan muchos antecedentes al respecto, que no son necesarios de considerar en una columna de opinión.

Sin lugar a dudas, la ley permitió iniciar un largo y difícil camino hacia la superación del analfabetismo, que sin ella habría sido imposible recorrer, y que demoró más de cincuenta años en lograrse.

La Gran Logia de Chile ha querido poner especial interés en la conmemoración del centenario de la promulgación de la ley 3.654 del 20 de agosto de 1920, a partir de la significación del aporte de la Masonería a su promulgación.

Pero, también quiere hacerlo en la comprobación de que diversas circunstancias del hoy plantean desafíos que deben ser asumidos en el futuro, de manera especial por la educación pública, a fin de sortear los nuevos analfabetismos de nuestro tiempo, y que tantos efectos producen en la sociedad de hoy, generando brechas que condenan a una parte importante de nuestra población, siendo fuente de grandes impactos sociales negativos: el analfabetismo digital, el analfabetismo cívico y el analfabetismo ético.

A ello debe agregarse en los adultos lo que podríamos llamar un analfabetismo laboral, como consecuencia de la automatización que ha venido despojando a miles de chilenos de sus trabajos, los que deben afrontar la búsqueda de un nuevo empleo sin la necesaria formación que les permita reconvertirse laboralmente en un marco de derechos, dignidad y empleabilidad bajo cumplimiento legal.

¿Como se abordarán estos desafíos? La respuesta implica resolver una de las más importantes interrogantes educacionales de nuestro país.