El gobierno no puede seguir llegando tarde

Rabindranath Quinteros

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La economía chilena está en problemas. El Imacec de mayo da cuenta de una caída de la actividad en un 15,3% respecto del mismo mes del año anterior y es, hasta ahora, el reporte más bajo desde 1986. Las proyecciones no son alentadoras. Los efectos socioeconómicos de la pandemia de Covid van a seguir golpeando a la sociedad chilena y es probable que el próximo mes los indicadores sean todavía peores.

Ante este escenario, el país requiere del gobierno una estrategia que permita una reactivación económica efectiva, que considere a las grandes empresas, claro está, pero que ponga un especial énfasis en las pequeñas y las medianas.

Tal estrategia debe ser planificada hoy y no cuando la pandemia amaine, pues eso significaría extender una crisis que ni el gobierno ni las empresas, ni menos todavía la sociedad chilena, están en condiciones de soportar.

La solución, por cierto, no radica en alentar el levantamiento de las cuarentenas o promover el retorno a una nueva normalidad que - ya ha quedado demostrado - en la práctica no será posible.

Se sorprendieron las autoridades cuando quedó de manifiesto que más de la mitad de las familias que poseen registro social de hogares, más de 5 millones, se encuentran dentro del 40% más vulnerable. Aún así demoraron en distribuir alimentos a las personas más carenciadas y, hasta esta semana, se resisten a promulgar la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante el Estado de emergencia.

También tardó el gobierno en comprender que su propuesta original de un Ingreso Familiar de Emergencia era insuficiente y algo similar ocurrió con la ley del Fondo Garantías para Pequeños empresarios (FOGAPE), que sólo aparentaba ofrecer respaldo para las Pymes, pero en la práctica tuvo un efecto casi nulo y cuando los pequeños y medianos empresarios del rubro gastronómico, del transporte y de los servicios fueron a los bancos, éstos les ofrecieron montos insuficientes y, sencillamente, les cerraron la puerta

Sin ir más lejos, el proyecto de Fogape 2.0 tampoco ofrece soluciones del todo efectivas en el corto plazo.

No obstante, aún estamos a tiempo de mejorar esta iniciativa, incorporando medidas concretas como la suspensión del cobro de patentes municipales y del pago de cuentas de servicios básicos a las pequeñas y medianas empresas que no están facturando, eximiendo del IVA de estas mismas cuentas a las que si están recibiendo ingresos y otorgando un subsidio de arriendo - no un préstamo - a aquellas que no están ocupando sus instalaciones.

La estrategia de reactivación económica debe hacerse ya, y debe sustentarse en un conjunto de medidas, reglamentos y leyes claras y definidas, en una mesa en la que confluyan empresarios, trabajadores, técnicos, académicos y políticos, sí, también políticos.

El gobierno no puede apelar, una vez más, a la buena voluntad de los grandes empresarios y prestadores de servicios y tampoco puede confeccionarles un traje a la medida, en que los costos los paguen las familias vulnerables y la enorme y desprotegida clase media. No es posible ni presentable que, a 30 años del fin de la dictadura, la premisa siga siendo la de cuidar a los ricos.

Tenemos que ser capaces de construir una vía de salida a la crisis que no sólo otorgue soluciones de emergencia, sino que abra la posibilidad de pensar en un nuevo modelo de sociedad, asentado en una economía más justa y sustentable, con respeto por las personas y por el medio ambiente, comprometida con las capacidades productivas del territorio, y que se haga cargo también de que la realidad post Covid va a ser muy distinta a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Para eso debemos estar preparados.

Ya el gobierno ha llegado tardíamente con ayuda social a los millones de personas afectadas por la crisis socio-económica en curso. No puede reincidir en ese error.