Incendios forestales, una amenaza intencional
Cada verano, los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas en nuestro país, dejando a su paso un rastro de destrucción, devastación ambiental y perjuicios económicos incalculables. Sin embargo, lo que más indigna no es solo el fuego mismo, sino la clara intencionalidad detrás de muchos de estos siniestros.
En la provincia de Malleco y otras regiones del sur de Chile, los agricultores y comunidades rurales vivimos en constante alerta. No es un fenómeno nuevo, pero la impunidad con la que operan quienes prenden fuego deliberadamente a nuestros campos y bosques es inaceptable. No estamos hablando de accidentes ni de causas naturales, la evidencia apunta a que gran parte de los incendios son provocados con un propósito. ¿Quiénes están detrás y qué buscan? Esa es la gran interrogante que sigue sin una respuesta clara y, peor aún, sin consecuencias reales para los responsables.
Las cifras hablan por sí solas. Año tras año, los informes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos confirman que más del 90% de los incendios tienen un origen humano, y un alto porcentaje de estos son intencionales. Si bien existen múltiples motivaciones detrás de estos hechos, desde conflictos territoriales hasta intereses económicos, lo cierto es que el daño que provocan recae sobre toda la sociedad.
Es urgente fortalecer la persecución penal contra los responsables. No basta con promesas de mayor vigilancia o anuncios de inversión en equipos de combate al fuego. Necesitamos inteligencia policial eficiente, aplicación efectiva de la ley y, sobre todo, voluntad política para enfrentar este problema con la dureza que amerita. La falta de sanciones efectivas solo alimenta la sensación de impunidad y deja en total indefensión a quienes vivimos del campo y protegemos los recursos naturales de nuestro país.
Además, se requiere un trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las comunidades para mejorar la prevención y la respuesta ante estos siniestros. Es fundamental aumentar la infraestructura de cortafuegos, mejorar la coordinación entre organismos y generar campañas de concienciación que refuercen la importancia de denunciar a los responsables.
En este contexto, en tiempos de emergencia, no hay espacio para divisiones ni disputas políticas. Cuando el país enfrenta una crisis, el trabajo conjunto entre el sector público y privado se vuelve fundamental. Es momento de entender que somos un solo equipo, una nación que debe actuar con unidad y determinación para responder a la emergencia, apoyar a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, encontrar y detener a los responsables cuando hay actos intencionales detrás. No podemos permitir que las diferencias ideológicas nos distraigan de lo esencial: Proteger a nuestra gente y reconstruir con rapidez y eficiencia. La emergencia nos exige altura de miras y un compromiso real con el bien común.
Chile no puede seguir normalizando esta catástrofe anual. Si no enfrentamos con determinación la intencionalidad de los incendios forestales, seguiremos lamentando la pérdida de vidas, hogares, biodiversidad y fuentes de trabajo. El fuego no es solo una tragedia, es también un crimen que debe ser castigado con todo el peso de la ley.
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