Un gobierno que empobrece a la gente

Horacio Fuentes

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Mientras la crisis sanitaria se encuentra desatada y deja en evidencia la pésima gestión del gobierno en estos poco más de 100 días de Covid-19 en el país, comienza a configurarse en paralelo otra pandemia, la de la pobreza, cesantía y hambre.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo durante el trimestre enero-marzo de 2020 alcanzó un 8,2%; mientras que para el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, en junio la cifra alcanza el 11,2%, lo que significa que poco más de 890 mil personas se encuentran sin trabajo. Las proyecciones de la CEPAL apuntan que la pobreza llegará a dos dígitos en 2020, pasando del 9,8% de este año al 11,9%.

Estas no son meras cifras, son una representación de la gravedad de la crisis económica y social que terminó de empujar la pandemia del Covid. En estos meses ha estallado una burbuja neoliberal que se encontraba en el límite de su capacidad, algo que diferentes representantes políticos y sociales venían advirtiendo desde hace mucho tiempo.

En momentos de crisis, el modelo económico chileno basado en el endeudamiento extremo de las personas, que por años ha hecho gala de una fortaleza artificial, no ha sido capaz de dar respuestas a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores que se encuentran sin empleo, ni ingresos. Es un modelo que solo se ocupa de proteger a la especulación de los grandes consorcios empresariales y las utilidades de los super ricos.

Y el gobierno de Piñera, era que no, cumple al pie de la letra el libreto del empresariado: mantener a toda costa los ejes ideológicos del modelo neoliberal. Las medidas tomadas hasta ahora no se ajustan a proteger la economía de las familias, aunque aseguren que están pensadas con “responsabilidad”.

El gobierno sólo ha ocupado una parte del 2% constitucional de emergencia (US$ 1.500 millones) anunciado en marzo: 170 millones de dólares en el Bono Covid de 50 mil pesos destinado al 60% de las familias más vulnerables del país, mientras que el IFE entregado a partir de mayo significan US$ 830 millones.

Y para el caso del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, anunciado con gran pompa por el presidente Piñera, pero con mucha letra chica en el papel, sigue siendo insuficiente y tramposo.

Se nos informó que sería de 100 mil pesos por persona beneficiada, pero finalmente es solo un complemento de los ingresos para alcanzar ese monto.

Tampoco es para el 80% de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, como fue publicitado, sino que solo lo cobrarán el 34% que se encuentren en dicha plataforma, poco más de dos millones de personas.

La administración Piñera dispone toda la estructura del Estado, a través de reasignaciones presupuestarias de programas que pueden ser útiles para la gente, para ir al salvataje de la banca ofreciendo garantías a los créditos para pymes, que finalmente son aprovechados por los grandes grupos económicos. ¿Conclusión? Les preocupa más la billetera de las empresas y las utilidades de los mercados que las personas puedan cuidar sus vidas haciendo cuarentena.

Este gobierno se ha negado a ocupar los fondos soberanos, que son los ahorros para este tipo de emergencias, para subsidiar el empleo y ha rechazado destinar parte de ellos a las familias más afectadas por la crisis. También se ha descartado crear un impuesto a los super ricos que grave sus actuales ganancias.

Así, quienes estamos pagando la crisis somos los mismos de siempre, los que sufrimos las consecuencias de una política que no tiene a la ciudadanía como objetivo, sino que cumplir con los favores de clase con los especuladores, con los que han destruido la industria en favor de sus bolsillos, los que han vendido la soberanía nacional durante los últimos 40 años, los que han convertido nuestra economía en un juego de Monopoly.

Es necesario con urgencia disponer mayores recursos que protejan a las familias y asegurar un ingreso por sobre la línea de la pobreza para alcanzar el mínimo de 460 mil pesos en el caso de una familia de cuatro integrantes.

Al mismo tiempo es fundamental que las y los trabajadores tengan a disposición de sus fondos de pensiones de las AFP, siendo éste el primer paso para iniciar el proceso de traspaso del actual sistema privado a un real sistema de seguridad social.

El Estado debe meterse la mano al bolsillo para salvar a las familias de la debacle económica y no correr para salvar las utilidades de los mercados.

De lo contrario, las profecías apocalípticas de las últimas semanas de diferentes organismos internacionales se harán realidad, sumiéndonos en la pobreza y el hambre.