Alerta: en riesgo la atención a niños y niñas en protección especializada

Paulina Fernández

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Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección especializada de niños, niñas y adolescentes observamos con preocupación las medidas administrativas impulsadas por el Ejecutivo en el contexto de la Ley de Presupuestos 2025. Estas medidas, justificadas como una respuesta al caso convenios, están afectando directamente la continuidad y sostenibilidad de programas esenciales para una población altamente vulnerable, en un contexto crítico donde más de 41.000 niños se encuentran en listas de espera para acceder a atención.

La nueva exigencia impuesta a los organismos colaboradores que obliga a garantizar anticipadamente el cumplimiento de obligaciones financieras como condición para suscribir convenios con el Servicio de Protección Especializado, y que ignora la existencia de una ley específica que regula el régimen de aportes financieros del Estado a estos organismos, resulta carente de fundamento técnico y jurídico y al mismo tiempo genera incertidumbres innecesarias al sistema y debilita la red de atención.

Conviene recordar que el aporte estatal está regulado por ley y se entrega posterior a la ejecución de las prestaciones, una vez rendidos los gastos, bajo estrictos estándares de supervisión y control financiero. Además, la subvención estatal contempla una componente fija destinada a asegurar la operación básica de los programas y una componente variable que depende del número de niños, niñas o adolescentes atendidos y de las intervenciones realizadas. Nadie cobra por adelantado ni recibe más de lo que rinde. Entonces, ¿por qué imponer una garantía anticipada?, cuando la verdad es que dependemos de la caridad o de las donaciones porque el aporte estatal no alcanza. En el caso de los programas de acogimiento residencial -que atienden a aproximadamente 5 mil niños y niñas-, el aporte económico estatal cubre entre el 75% y 80% del gasto mensual por niño. Seguimos dependiendo de la caridad.

Así, un convenio de tres años implicaría comprometer alrededor de 45 millones de pesos para el cumplimiento de las obligaciones, a lo que se suma a las acciones que debemos realizar para recaudar fondos que permitan financiar la atención que los niños, niñas y adolescentes requieren y merecen. Esta situación no solo es insostenible, sino que refleja una precarización estructural que amenaza la continuidad de los servicios de cuidado y protección de los niños y niñas.

Hacemos un llamado urgente al Gobierno a revisar esta medida para asegurar la continuidad de las atenciones a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y que hoy dependen del sistema de protección para su bienestar y desarrollo.