Día Mundial de la Infancia: avances y tareas pendientes
En el Día Mundial de la Infancia -el próximo 20 de noviembre- y el llamado de atención que hace la Unicef cada año, de poner en relieve la situación de las niñeces más desfavorecidas de los distintos lugares del mundo, es menester advertir acerca de las realidades, sus preocupaciones y las acciones de nuestro país para asegurar el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente desde la entrada en vigencia de la nueva Ley sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
En la encuesta anual (2022) de la ONG WorldVision Chile realizada a NNA, destaca entre los principales temas de interés el medio ambiente, la pobreza y el trabajo. A propósito de lo antes mencionado, refleja la pertinencia en lo sucede en nuestro país. En Chile existen cinco zonas de sacrificio y que constantemente generan intoxicaciones en la población aledaña, sobre todo NNA (Terram, 2019); por otro lado, 13,9% de NNA viven en situación de pobreza por ingresos de sus cuidadores y 22,9% sus familias se encuentran en situación de pobreza multidimensional (Unicef, 2022); y 219.624 NNA ejercen trabajo infantil, de ellos el 57,2% pone en riesgo su salud, seguridad y/o integridad, ya sea por las condiciones en que se lleva a cabo o el número de horas trabajadas (Unicef, 2022).
Las preocupaciones de los NNA no son antojadizas, tienen consistencia y se justifican en su contexto, ahora es momento de atender sus urgencias.
Hoy existen avances. A mediados de marzo entró en vigencia la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Desde su ingreso como proyecto de ley N°950-363 hasta su promulgación en 2022 debieron pasar seis años y medio, sin considerar que el 10 de julio de 1990 el Congreso aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego de la demora, de más de 30 años por parte del Estado y la porfía -principalmente- de las organizaciones de la sociedad civil, nuestro país tiene una institucionalidad con carácter universal para las niñeces y adolescencias mandatada con funciones y atribuciones para el ejercicio de sus derechos en clave de sistema.
Lo mencionado anteriormente constituye un avance significativo para el desarrollo integral de NNA, pero que hoy -sin embargo- se enfrenta a tareas pendientes en su implementación.
En la actualidad, gracias al marco otorgado por la ley, el Estado está mandatado a trabajar articulada, eficaz y descentralizadamente en la prevención, promoción y protección general y especializada de los derechos de NNA. Esta nueva institucionalidad, salvo la protección especializada -que seguirá a cargo del Servicio Nacional de Protección Especialidad a la Niñez y Adolescencia-, busca que a través de las Oficinas Locales de Niñez (OLN) garantizar oferta programática históricamente postergada y que hoy el Estado busca restituir.
Sin embargo, de los 345 municipios a lo largo del país, sólo 15 de ellos cuentan con OLN. Esto quiere decir que la primera puntada del tejido de la red intersectorial -la expresión local del sistema de garantías- se encuentra en una lenta ejecución en las diversas comunas del país.
El Estado tiene la obligación de llevar a la práctica el reconocimiento de NNA como sujetos de derecho, lo cual es una invitación directa a encontrarnos en un lenguaje y prácticas no adultistas, generando espacios reales de participación protagónica y vinculante en sus espacios territoriales y, además de establecer una oferta programática universal que promueva su prevención, promoción y protección.
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