El inicio de un nuevo gobierno abre una oportunidad clave para definir prioridades que impacten de manera profunda y duradera en el desarrollo del país. En ese marco, la educación parvularia debiera ocupar un lugar central en la agenda de la próxima administración, considerando que los primeros años de vida son decisivos para las trayectorias educativas, sociales y laborales futuras de niños y niñas.
Uno de los desafíos más urgentes es asegurar la asistencia y permanencia en este nivel educativo. En 2024, la asistencia promedio en educación parvularia alcanzó solo 76,4%, lo que equivale a cerca de 40 días de ausencia al año. Este ausentismo tiene efectos directos en el desarrollo infantil y se asocia a mayores riesgos de rezago, exclusión y deserción escolar. Enfrentar este fenómeno requiere avanzar hacia una gestión activa de la asistencia, con seguimiento personalizado, registros individuales y detección temprana del ausentismo crónico, junto con acciones de sensibilización que refuercen el valor de la asistencia regular desde la primera infancia.
Asimismo, es fundamental garantizar la calidad de los espacios educativos y de las interacciones que en ellos se producen. Si bien se ha avanzado en el reconocimiento oficial de los establecimientos, este proceso ha sido lento y requiere mecanismos más ágiles, acompañados de financiamiento. La calidad educativa depende, además, de interacciones significativas entre educadores y párvulos, donde la sensibilidad emocional, el estímulo afectivo y la calidad del lenguaje son determinantes para el desarrollo cognitivo y socioemocional.
Finalmente, resulta imprescindible avanzar hacia un financiamiento equitativo y sustentable. Las diferencias en la subvención según tipo de sostenedor y la dependencia del presupuesto respecto de la matrícula y la asistencia diaria generan inequidades e inestabilidad que afectan directamente la calidad del servicio educativo.
Abordar de manera integral estos desafíos -asistencia, calidad y financiamiento- permitirá fortalecer la educación parvularia como una política de Estado, garantizando el derecho de todos los niños y niñas a un inicio educativo sólido y equitativo con una visión de desarrollo de largo plazo para Chile.
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