Garantizar un futuro autónomo: la necesidad de modificar la ley 21.302
El ECOSOC YouthForum 2025, que se celebrará en Nueva York del 15 al 17 de abril, será una oportunidad para visibilizar uno de los desafíos más urgentes que enfrentan los jóvenes en situación de vulnerabilidad: su transición acompañada a la vida independiente. Hoy, los jóvenes que cumplen 18 años en una residencia de protección enfrentan dos alternativas: si continúan sus estudios, se les acompaña de manera integral hasta los 24 años de edad; pero si no lo hacen, deben egresar sin ningún tipo de apoyo.
La ley 21.302, que regula el Servicio de Protección Especializada, presenta vacíos importantes en este ámbito. No contempla que la preparación y el acompañamiento hacia la vida adulta deben estar garantizados para todas las personas jóvenes, independientemente de su situación educativa. Es imprescindible que el Estado -quien ejerce el cuidado personal de quienes viven en residencias- garantice un acompañamiento integral no solo en el ámbito educativo, sino también en su inserción laboral, acceso a la vivienda, capacitación y construcción de redes de apoyo. Esta tarea requiere una articulación interministerial; no puede ser asumida únicamente por el Servicio de Protección Especializada.
Un joven que alcanza la mayoría de edad bajo cuidado alternativo es, en muchos casos, alguien que no contó con una familia o adulto significativo dispuesto a brindarle cuidado y protección. Estos jóvenes, que muchas veces carecen de redes familiares o sociales, deben enfrentar en soledad los desafíos de la vida adulta, sin recursos ni habilidades suficientes. Sin redes, sin apoyos y sin acompañamiento, quedan en riesgo de caer en situaciones de calle, precariedad o incluso involucrarse en actividades delictivas.
Desde Aldeas Infantiles SOS Chile, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, hemos propuesto al Ejecutivo y al Senado una modificación a dos artículos de la Ley 21.302. Esta propuesta busca asegurar un acompañamiento integral hasta los 21 años, sin importar la situación educativa, y hasta los 24 en caso de que continúen sus estudios. La transición hacia la vida independiente debe ser un proceso acompañado, para que los jóvenes puedan construir un futuro digno y evitar caer en un ciclo de exclusión y desprotección.
Hacemos un llamado al Congreso Nacional -donde se discute actualmente la ley que adecua la normativa del Servicio a la Ley de Garantías y Protección Integral- a considerar esta modificación. Asimismo, instamos al Ejecutivo a patrocinar la propuesta que la sociedad civil ya ha presentado. Por un acompañamiento a todo evento hasta los 21 años, sin requisitos. Este será, sin duda, uno de los temas que llevaremos a Naciones Unidas.
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