El Diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez y el reciente informe de Unicef, que sitúa a Chile en el último lugar de bienestar infantil de la OCDE, no son meras estadísticas; son la evidencia de una crisis que el Estado sigue sin abordar con la urgencia necesaria. Las cifras ya no son simples alertas: muestran un sistema estructuralmente desigual que llega tarde a miles de niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo podemos aceptar que el Servicio de Protección Especializada mantenga a 41.557 menores en listas de espera para recibir atención? ¿Qué respuesta se les da a quienes viven en residencias con 41% de sobreocupación?
Mientras las soluciones se dilatan, la realidad se agrava: en la última década, los egresos hospitalarios de jóvenes por lesiones autoinfligidas aumentaron 137%, las víctimas de violencia sexual infantil crecieron 46,4% entre 2019 y 2025; y hoy Unicef nos alerta que 13% de los adolescentes ha debido omitir comidas por falta de recursos.
Normalizar que la salud mental, la protección y la dignidad de los niños más vulnerables de Chile sigan esperando una respuesta oportuna del sistema es una señal alarmante. Si el Estado no es capaz de reaccionar a tiempo frente a la violencia y el abandono, la anunciada "prioridad por la infancia" corre el riesgo de transformarse en una promesa vacía.