La impunidad se acabó
Una excelente noticia se dio a conocer en los últimos días, cuando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera aprobó la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra niños y adolescentes de forma civil y penal. En otras palabras, lo que la nueva legislación instruye es que cualquier delito sexual efectuado a menores de edad no podrá prescribir, es decir, no dejará de considerarse delito a pesar del paso del tiempo.
Esto quiere decir que, a partir de ahora, en el Código Penal se garantiza a las víctimas menores de edad el poder ejercer las denuncias correspondientes ante la justicia si ven afectadas su dignidad e integridad, sin tener presión por los plazos para perseguir a los victimarios.
Antiguamente, la ley establecía plazos de entre cinco y 10 años de prescripción para estos delitos, después de que la víctima alcanzara la mayoría de edad.
Pero sabemos que este tipo de situaciones generan traumas profundos que, en muchas ocasiones, paralizan e impiden a la persona vulnerada a denunciar por miedo, culpa, vergüenza, sufrimiento, “protección” al victimario e, incluso, por amenazas, pues es común que detrás de los abusos haya relaciones de poder, manipulación y redes de encubrimiento.
En este contexto, el tiempo era un cómplice maldito que permitía la vulneración de los derechos, la integridad y la dignidad de los abusados.
Por este motivo, la nueva legislación significa un acto de reparo y justicia ante el dolor del abuso, y un alivio al saber que habrá castigo y condena para quien ejerza actos de esta naturaleza.
Los abusos sexuales y las violaciones son más comunes de lo que uno cree.
En tan solo tres años, entre 2015 y 2018, las denuncias aumentaron en un 33%, pero es necesario destacar que estas cifras no se condicen con la realidad, pues por cada víctima de abuso sexual que efectivamente presenta una denuncia, hay otros siete menores que también sufrieron estos actos vejámenes y no lo denunciaron, por lo que esperamos que con esta actualización de la ley, las víctimas alcen la voz y cada vez sean menos los que deban vivir estos traumas que, sin duda, marcan para toda la vida.
Otro punto para destacar es el anuncio que dio el gobierno respecto a poner suma urgencia al proyecto que perfecciona el registro de ofensores sexuales, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema actual.
Lo que se busca es identificar y alejar a los menores de quienes cometen estos delitos para evitar reincidencias. Aquellas personas que ingresen en este listado delictual, serán penadas con inhabilitación absoluta y perpetua para trabajar con menores de edad.
Lo importante de esta medida es lograr coordinación con estamentos relacionados, por ejemplo, la Seremi de Educación y Transporte debieran tener acceso a este instrumento para conocer los antecedentes de cualquier nuevo funcionario.
Los niños son precursores de cambios, pues en su vida adulta serán quienes tomen importantes decisiones que tendrán efecto en la sociedad.
No podemos permitir que su infancia sea corrompida, pues las agresiones sexuales son traumas que determinan ciertos aspectos de su historia, carácter y personalidad.
Defender sus derechos e integridad es una responsabilidad transversal, y el Estado ha dado un gran paso al declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
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