Trabajo legislativo y niñez

Marcelo Sánchez

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No pocas veces la evaluación negativa de la opinión pública sobre las instituciones políticas impide valorar acciones que devienen en cambios positivos para la población, resolviendo urgencias sociales o brechas que afectan el bienestar de muchas personas y en particular de aquellas que tienen una mayor situación de vulnerabilidad.

En efecto, el trabajo legislativo -en contadas ocasiones- genera la oportunidad de comunicar el impacto derivado de las modificaciones de cuerpos legales o de nuevas iniciativas tramitadas en el Congreso. Por eso resulta muy valorable el trabajo de algunas comisiones parlamentarias que durante el último tiempo han hecho importantes contribuciones al bienestar de la infancia, en particular aquella que ha sido vulnerada y que requiere de respuestas urgentes. Tal es el caso de las comisiones sobre personas extraviadas, presidida por la diputada Erika Olivera; y sobre explotación sexual de niños niñas y adolescentes, presidida por la diputada Maite Orsini. En ambos casos, el trabajo de las comisiones de carácter investigativo derivó en modificaciones que van a tener un real impacto en los niños y niñas.

La Comisión Especial Investigadora de las situaciones de abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado, en torno al Sistema de Protección, surgió a partir de la dramática experiencia ocurrida en residencias de alto estándar implementadas por el Hogar de Cristo. Dentro de sus conclusiones evidenció un gran déficit en materia de prevención y de tratamiento para las niñas afectadas por el delito de explotación sexual. Con una importante participación de la sociedad civil, en diagnósticos y exposiciones, surgieron distintas propuestas. Una de las cuales en discusión fue el "Ges de Abuso Sexual", que hoy día está materializándose y dará respuesta -en parte- a las necesidades de rehabilitación física y emocional de las víctimas.

Por otro lado, Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010 dejó entrever cómo un grupo particularmente afectado correspondió a los niños bajo separación de cuidados parentales en el Sistema de Protección. La comisión estableció que entre 10 y 20% de los niños en residencias y en centros de administración directa abandonaban con regularidad las dependencias de protección, sin ser buscados diligentemente, detectando que los protocolos para la búsqueda de niños/as no tenían priorizados a los que estaban bajo cuidado del sistema, dada su habitualidad y recurrencia de abandono temporal de las residencias. En consecuencia, no se priorizaba su búsqueda, sin embargo, esos niños precisamente son los que mayor riesgo tenían y caían consecuentemente en redes de explotación sexual o tráfico de drogas y eventualmente en bandas delictivas, cuando no quedaban incluso de manera permanente en situación de calle, conllevando por lo mismo un altísimo riesgo físico y emocional, incluso la muerte.

Estos dos ejemplos en beneficio de la niñez vulnerada muestran cómo el compromiso y liderazgo de parlamentarios en la comisión, la participación profunda y diversa de la sociedad civil, la mirada desde la evidencia, contribuyen a cambiar la realidad de quienes deben ser protegidos sin concesiones de ningún tipo. Es el mismo estándar de otros proyectos en curso que esperamos resguarden siempre el bienestar de la niñez y sus familias, no retrocediendo en el marco de protección que se ha avanzado en materia de infancia vulnerada y generando espacios que promuevan la prevención como herramienta clave para su desarrollo positivo.