Una política de Estado para la alimentación escolar: el momento es ahora

Eve Crowley

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En Chile se ha abierto una oportunidad histórica para avanzar hacia una Ley de Alimentación Escolar que otorgue un marco jurídico sólido y permanente al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta posibilidad representa un paso clave para consolidar una política pública orientada al bienestar nutricional de niñas, niños y adolescentes, y para consagrar su derecho humano a una alimentación adecuada.

Chile lleva seis décadas entregando alimentación escolar, alcanzando a casi dos millones de estudiantes con más de cuatro millones de raciones diarias. Sin embargo, esta política ejemplar aún no cuenta con un instrumento legal que garantice su permanencia, calidad y mejora continua. El PAE ha demostrado ser un pilar fundamental en contextos de emergencia, como terremotos o la pandemia de Covid-19, donde continuó asegurando el acceso a alimentos mediante la entrega de canastas. Esta capacidad de respuesta refuerza la necesidad de una ley que lo haga sostenible y resiliente.

Legislar sobre alimentación escolar no es un trámite burocrático: es una necesidad urgente. Una ley permitiría establecer estándares nutricionales obligatorios, asegurar compras públicas a productores locales, fomentar la educación alimentaria, proteger el medio ambiente y consolidar este avance como un derecho humano garantizado. Esto debe ir acompañado de una política nacional que oriente el programa y consolide sus avances.

La propuesta de ley que hoy se discute es fruto de un proceso técnico riguroso acompañado por la FAO, que ha brindado asesoría especializada en aspectos jurídicos y de política pública. Este trabajo conjunto ha permitido construir un instrumento sólido, participativo y alineado con estándares internacionales en materia de alimentación escolar y sostenibilidad alimentaria.

Desde la FAO reiteramos nuestro compromiso con Chile y nuestra disposición para seguir colaborando técnicamente en este proceso. Transformar la alimentación escolar en una política de Estado no puede seguir esperando: lo que está en juego no es solo el alimento de hoy, sino la salud, el aprendizaje y la equidad de las futuras generaciones.