7 de octubre 2023, fecha del desplome del sistema internacional de justicia
Palestina encarna las paradojas contemporáneas, ya que por un lado Israel nace y se legitima tras una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (181 de 1947) que propuso la partición de Palestina. Sin embargo, con posterioridad se ha convertido en un Estado que viola las normas internaciones de manera sistemática y no respeta las resoluciones de sus órganos, al punto que podríamos afirmar que es uno de los actores claves para comprender el fin del régimen de las Naciones Unidas.
Por cierto, debemos recordar que la actitud del Estado de Israel se acentuó luego de la guerra ilegal encabezada por Estados Unidos en Irak en 2003 y el efecto contagioso que acompaña las agresiones de Rusia sobre territorios en los que demanda una "histórica" influencia política, desde Georgia del Sur a Ucrania. Estos dos actores centrales, Estados Unidos y Rusia, son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cuales han tenido un papel protagónico en la inoperancia del sistema de seguridad colectivo mundial, y ahora también de la impunidad por su obstrucción a la justicia.
En efecto, el uso de la fuerza militar para conseguir objetivos políticos fue erosionando la razón de ser de la Carta de las Naciones Unidas, la que en el contexto del genocidio en curso sobre la Franja de Gaza pierde la poca credibilidad que le restaba.
No hay demasiadas dudas que estamos de regreso en la anarquía internacional hace años, posiblemente desde que Estados Unidos reaccionó a los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono abriendo el paradigma de la "guerra contra el terrorismo". Este fue leído como un espacio de oportunidad para que otros se sumen a la estrategia y desempolven los tambores de guerra en vista a sus objetivos estratégicos y/o territoriales, como es el caso de Israel, que ha buscado desde los Acuerdos de Oslo tomar posesión efectiva sobre toda la Palestina histórica. Con esta antesala podemos comprender los objetivos de las acciones militares de Israel ejecutadas con posterioridad a la crisis desatada por la masacre sobre población civil israelí del pasado 7 de octubre por parte de Hamas, la cual abrió las puertas del fin infierno para los palestinos hasta hoy.
Todos racionalmente saben (incluidas las potencias occidentales) que esta hostilidad tendría una esperanza de finalizar si es que se cumpliera el derecho internacional y se permitiera el surgimiento de un Estado palestino, el cual terminaría con 76 años de ocupación para su población y frenaría el continuo proceso de limpieza étnica que se ha llevado a cabo. Sin embargo, el tema había salido de la agenda internacional desde hace años,
En la actualidad el genocidio se expresa en los más 42 mil asesinados palestinos, según la ONU (al día de hoy). Resulta revelador que aproximadamente el 50 por ciento de los abatidos sean niños y niñas, lo que pulveriza de facto el régimen internacional de los derechos humanos, ya que estas acciones han contado con el soporte de potencias occidentales.
Los Estados que obstaculizan el cumplimiento de las sentencias de los órganos jurisdiccionales internacionales representan la lápida al ordenamiento de la justicia internacional, en especial la referida a sancionar los crímenes internacionales.
En consecuencia, tanto los fallos de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Sudáfrica vs. Israel, como la resultante de la investigación en curso de la Corte Penal Internacional estarían destinadas no ser aplicadas, lo que significa el triunfo de la impunidad y el término del régimen internacional que se sustenta sobre principios presentes en la Carta de las Naciones Unidas y la propia Declaración de los Derechos Humanos que hoy los actores más fuertes del sistema (militarmente hablando), no están dispuestos a respetar.
Si no hay una reacción colectiva de parte de los Estados contraria a la impunidad, la tempestad expresada en violencia y barbarie no se limitará únicamente a terminar con la vida de los palestinos.
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