Centroamérica y sus desafíos democráticos: el caso de Guatemala

José Orellana

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Mientras se observan, con "cierto asombro", los conflictos internacionales contemporáneos en Medio Oriente -entre Israel y Hamas- o bien en Europa -entre Ucrania y la Federación Rusa- por una mezcla de inhumanidad y normalización de los mismos, sumándose ahora la cuestión de Yemen; existen también en Latinoamérica y, en específico, Centroamérica. Por cierto distintos a los anteriores, pero conflictos al fin.

Van desde los procesos migratorios irregulares, prácticas delictivas del narcotráfico, tráfico de personas, entre ellas vinculadas, con un telón de fondo signado por la pobreza y una institucionalidad político-democrática regularmente tensionada y disminuida, anclándose en aquella territorialidad, tras sendos procesos revolucionarios, guerrilleros, guerras civiles, intervencionismos extranjeros, entre otros.

Guatemala es testigo de uno de los cambios de mando democráticos más polémicos de los que se tenga recuerdo en esta parte del mundo (y que va más allá del pasado 14 de enero). Integrante de lo que regional e internacionalmente se ha denominado Triángulo Norte, junto a El Salvador y Honduras, muy sensible por la cuestión migratoria entre otros fenómenos enunciados más arriba, viene observando tras la victoria electoral de Bernardo Arévalo (Partido Semilla) una concertada estrategia de "descarrilamiento institucional", buscando impedir su asunción. Arévalo lo ha denominado como una iniciativa que se acerca a un golpe de Estado, a secas.

Este país centro-latinoamericano viene administrando un proceso político circunscrito en intensos niveles de corrupción, los cuales, como es sabido, vía múltiples estudios académicos e institucionales nacionales e internacionales, terminan relativizando la eficiencia y eficacia de la democracia para la adecuada resolución de conflictos en las sociedades en la que se implementa. De todos modos, existen aquellas investigaciones que afirman que la corrupción es inherente a la sociedad y no necesariamente la que explica la pobreza, y de ahí el mantenimiento de la democracia con instituciones fuertes⁽¹⁾.

Sin embargo, Guatemala tuvo la cooperación-colaboración de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante algunos años, terminando su quehacer el 13 de septiembre de 2017, tras la petición de no renovación de mandato por parte del presidente Jimmy Morales Cabreras, quien -se indica- vio una amenaza respecto de su quehacer en la campaña presidencial y círculo cercano que lo llevó a la primera magistratura del país.

Interesa en esta perspectiva lo consignado por Iván Velázquez, comisionado de la CICIG en 2019, cuando se le consulta si la entidad fue víctima de su propio éxito, cuando se involucró con el presidente y sus entornos, más los otros pasos adelantes que dio en función de dar transparencia a la cooptación del Estado por parte de expresiones corruptas (políticas y no) o lisa o llanamente delincuenciales indicarán otros: "Sí, por supuesto. La presión sobre la CICIG aumentó cuando presentamos las investigaciones sobre la cooptación, es decir, sobre la captura de las instituciones estatales por parte de estructuras corruptas. Círculos influyentes acordaron tomar acciones conjuntas contra la CICIG porque se sentían amenazados. Habían comprendido que no eran intocables como en el pasado. Habríamos sido tolerados si nos hubiéramos quedado en el nivel medio de la política y del sector económico de ese momento. Pero una vez más: nadie está por encima de la ley"⁽²⁾.

Así las cosas, desde 2017, cuando deja de ser vigente la CICIG en Guatemala, hasta 2023 se tendría horizonte espacio-temporal para mejor entender cómo el proceso político permite un traspaso de un gobierno a otro tan 'ripiado', donde, además, se encuentran involucradas expresiones estatales para impedir el mismo, configurándose un verdadero circulo vicioso desde lo conceptual y político-práctico, a propósito de la cooptación de la estructura del Estado guatemalteco, que para algunos es corrupta, funcional a los intereses que se verían afectados por la asunción de Arévalo y el Partido Semilla (intensamente asediado en su legalidad). ¿Cómo se entiende que el Ministerio Público, con jueces asociados, se concierte para impedir la asunción de Bernardo Arévalo?

Pero Guatemala con Arévalo no sólo tendrá que enfrentar el desafío de gobernabilidad con el Ministerio Público de Consuelo Porras, apenas se encuentre en ejercicio pleno de sus facultades legales y políticas, también tendrá que hacerlo con un Congreso Nacional que tampoco le es favorable, hecho que le exigirá una intensidad de diálogo que en más de una oportunidad podría tentar al nuevo gobierno a ocupar mecanismos espurios para sacar adelante su agenda, hipotecando su capital político que lo ha legitimado en la llegada a la máxima magistratura (ha declarado luchar contra la corrupción).

Su programa de gobierno, además, proyecta ambiciosas definiciones y medidas, no sólo respecto de la corrupción, sino que también para detonar procesos de desarrollo económico-sustentable-humano, en el entendido que la pobreza en la cual se encuentra la población, la coloca en una vulnerabilidad sistémica para la satisfacción de necesidades básicas.

En esa clave, el compromiso con los pueblos originarios fue tempranamente logrado por la candidatura de Arévalo y su Partido Semilla, defendiendo en las calles su triunfo, incrementado su compromiso y demanda por dar cumplimiento a las definiciones programáticas donde aparecen directamente involucrados.

En el concierto internacional-regional, los desafíos no son pocos, ya que parte de lo enunciado, en cuanto a dinámicas migratorias e ilícitos asociados, debe vincularse a las definiciones políticas que vayan teniendo Estados-Gobiernos como los de El Salvador, el cual ya enfrenta su siguiente proceso electoral controvertido con Bukele; y una Honduras conflictuada con los altos niveles de violencia y que administra Xiomara Castro con dificultades de gobernabilidad interna. Qué indicar sobre México, permanente e histórico involucrado en la región y país limítrofe de Guatemala; y además EE.UU., involucrado directo desde lo migratorio e ilícitos que ocurren en la región; y también China, otro actor que se proyecta sobre este espacio geográfico y qué duda cabe, buscará influir.

Guatemala obliga a una reflexión sobre nuestra América, la cual incuba conflictividades diversas, presentes, futuras y a inter-escala (Ecuador, por estos días también refrenda la situación). Por lo pronto, los desafíos guatemaltecos interpelan regularmente el sentido geoestratégico de la integración regional, instrumento siempre evocado y siempre minado por las fuerzas internas y externas que buscaron-buscan-buscarán satisfacer sus propios intereses y no los colectivos-comunitarios-nacionales de una Latinoamérica integrada en sus diferencias y cercanías. El desafío, como siempre es... desafiante.

^{(1) Dirkmaat, O. (2023) Guatemala no es pobre por corrupta. Una crítica a la narrativa de la «lucha contra la corrupción» 
(2) ¿Qué pasó con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala?}